Tras el paro de colectivos, desde CAMETAP aseguran que “peligra en el corto plazo la continuidad del servicio”
Las empresas atribuyen la medida a un atraso superior a tres meses en fondos nacionales y a un desfasaje tarifario del 65%, lo que compromete salarios.
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La Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) informó, tras la medida de fuerza adoptada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desdela 18:00 que paraliza el servicio de transporte urbano por una demora en el pago de salarios de los choferes, responde a que el sistema atraviesa una situación “totalmente crítica”, con una ecuación económico-financiera “quebrada” que “pone en riesgo la continuidad de las fuentes laborales”.
En ese marco, los empresarios recordaron que el 6 de abril presentaron un pedido de reconsideración tarifaria ante el Municipio, aún sin respuesta, en el que se expone una brecha superior al 65% entre la tarifa vigente y la necesaria para garantizar la viabilidad del servicio.
Asimismo, indicaron que la situación se agrava por el atraso del Estado nacional en la transferencia de fondos correspondientes a los atributos sociales nacionales, establecidos por la Resolución del Ministerio de Transporte Nº651/15. Este concepto, que compensa el descuento aplicado a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales, representa el 55% del valor del boleto.
Según detallaron, la deuda se acumula desde el 1 de febrero y supera los tres meses de retraso, lo que equivale a tres meses de salarios de todo el personal de las empresas. “Ambos puntos están concomitantemente imposibilitando la supervivencia operativa de nuestra actividad”, advirtieron.
En ese contexto, remarcaron que la recaudación actual por pasajes resulta insuficiente para afrontar los costos totales del sistema y alertaron que “peligra en el corto plazo la continuidad del servicio”. Además, calificaron el escenario como una “crisis terminal” que está derivando en una progresiva parálisis de la actividad.
Por último, desde CAMETAP solicitaron la intervención inmediata de las autoridades locales, provinciales y nacionales para garantizar los recursos que, según sostienen, corresponden por normativa. “La sostenibilidad del servicio público está agotada. Requerimos la urgente intervención para proteger este importante servicio público”, concluyeron.

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