Torre de 35 pisos en La Robla: “Nadie está en contra del desarrollo, pero debe respetar las normas”
Lo manifestó Soledad Arenaza, abogada de Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation, quienes denunciaron “graves irregularidades” en el proyecto de construcción.
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En el marco de una conferencia de prensa para marcar las “graves irregularidades” en el proyecto para construir una torre de 35 pisos en el chalet La Robla, la abogada de las ONG Mirada Ciudadana y Surfrider Foundation, Soledad Arenaza, aseguró que “nadie está en contra del progreso o del desarrollo”, pero que lo que defienden desde su lugar es “que ese desarrollo sea sustentable, que respete la identidad de la ciudad, su patrimonio y las normas vigentes”.
“La construcción es necesaria, pero dentro de un marco de respeto y planificación”, señaló la letrada y consideró a este proyecto como “un caso testigo por su escala absolutamente desproporcionada” que “permite ver cómo funcionan este tipo de autorizaciones, que muchas veces se basan en interpretaciones abusivas de las normas”.
Y alertó: “Si no se reglamenta de manera razonable el artículo 11 del Código de Preservación Patrimonial, este tipo de aprobaciones pueden repetirse a lo largo de todo el frente costero”. En ese sentido señaló que hay vecinos de Constitución, La Perla y Varese que están “preocupados”. Por ahora, la documentación fue presentada ante la Fiscalía N°7, a cargo de Leandro Arévalo, y ahora corresponde que el fiscal avance con la investigación: “Es importante que la discusión sea pública y que se revisen las normas que hoy permiten este tipo de autorizaciones”.
Arenaza explicó en diálogo con la prensa que uno de los primeros problemas detectados es la falta de documentación básica para evaluar el proyecto. “Encontramos un expediente en el que no están los títulos de propiedad de quienes solicitan los indicadores urbanísticos. Tampoco figuran las cédulas catastrales que permitan medir la superficie del lote para calcular los indicadores que autoriza la ordenanza”, afirmó. Además, señaló que “en el expediente consta que no existe una unificación de los lotes que permita sumar el terreno para pedir la altura pretendida”, algo que -según indicó-tampoco podría haberse solicitado por otras normas vigentes.
Arenaza también apuntó a inconsistencias en los metros cuadrados declarados. Según explicó, a partir de las testimoniales de los arquitectos Oscar Cañadas y Jerónimo Mariani se constató que los amenities del edificio no habrían sido computados dentro de la superficie total. “Es decir, se habrían declarado menos metros de los reales -sostuvo, y agregó que- según el propio testimonio de Cañadas, estaríamos hablando de más de tres mil metros cuadrados que no fueron incluidos”.
En relación con los profesionales que participaron del proyecto, la abogada planteó dudas sobre la claridad de los roles y posibles conflictos de intereses. “En su testimonial, Cañadas se autoidentifica como proyectista, pero el contrato profesional está firmado por Mariani”, explicó. A su vez, remarcó que “Mariani no solo integra el estudio de arquitectos responsable del proyecto, sino que además es socio del emprendimiento”, por lo que consideró que su testimonio “es muy cuestionable, porque debería brindarlo una persona sin conflicto de intereses ni participación directa en el negocio”.
Otra de las inconsistencias detectadas, según detalló, tiene que ver con la falta de información sobre el impacto poblacional del edificio. “Incluso los propios proyectistas demostraron desconocer la cantidad de habitantes que tendría el edificio”, afirmó. Ante esa ausencia de datos en el expediente, indicó que las organizaciones debieron realizar un relevamiento propio y estimaron que la torre “concentraría en un solo lote una cantidad de viviendas y población equivalente a lo que hoy existe en diez manzanas del barrio Stella Maris”.
La abogada también cuestionó el proceso de evaluación patrimonial. Según explicó, “el acta de la Comisión Evaluadora de Solicitudes e Indicadores no reúne las mayorías necesarias para expresar una voluntad válida”. Además, sostuvo que “no se convocó a la Comisión Honoraria de Preservación Patrimonial, que es el organismo que puede garantizar una participación técnica y neutral frente a los intereses privados y también frente a los del propio Estado”.
Durante la conferencia en la que se anunció la denuncia también se mencionó un posible conflicto de intereses en el estudio de impacto ambiental. “El estudio fue realizado por María Müller, quien en su testimonial reconoció ser la pareja del secretario de Planeamiento. Para nosotros eso constituye un claro conflicto de intereses”, afirmó Arenaza. Aunque la fiduciaria del proyecto sostuvo que el informe es evaluado únicamente por el EMSUR, la abogada remarcó que “el Código de Ordenamiento Territorial establece que debe ser evaluado por ambos organismos”, por lo que “no se puede crear un procedimiento especial para un caso particular”.
Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de intervención del Plan de Manejo Costero. Arenaza explicó que esa herramienta municipal debería intervenir para analizar aspectos como el cono de sombra, la infraestructura y los servicios. “En este caso no intervino. No se evaluó, por ejemplo, qué pasaría si colapsan las cloacas o qué impacto tendría en el mar, en Varese o en el sistema costero de Mar del Plata”, advirtió.
También se refirió a la preocupación de los vecinos por la infraestructura sanitaria del barrio. “Estamos hablando de una torre que tendría alrededor de 650 baños, en un barrio donde hoy hay aproximadamente 60 por manzana”, señaló. Según explicó, en este tipo de desarrollos “primero se autorizan los indicadores urbanísticos”, lo que constituye “el verdadero negocio: permitir construir donde antes no se podía o multiplicar la superficie edificable”. En ese marco, consideró que “toda esa documentación debería existir antes de que el Concejo Deliberante otorgue una autorización”.
Arenaza sostuvo que también se detectaron irregularidades en los informes técnicos incorporados al expediente. “El informe técnico, urbanístico y jurídico está firmado por el doctor Martín Colombo y por el arquitecto Ricardo Rodríguez”, explicó. Sin embargo, afirmó que en la causa pudieron comprobar que “Rodríguez no está matriculado en el Colegio de Arquitectos desde 2011, por lo que no está habilitado para ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires”, y recordó que el Código Penal contempla el delito de usurpación de título para quienes ejercen una profesión sin cumplir con las condiciones legales correspondientes.
Por lo pronto, desde las ONG van a convocar nuevas jornadas para juntar firmas a lo que consideraron como “muy importante” que los vecinos difundan que esta causa. “También es clave -agregó- que la gente se informe y pueda discutir qué tipo de ciudad queremos. Estamos hablando de un proyecto que proyectaría sombras sobre las playas y que podría terminar afectando el recurso natural que justamente hace valiosa a esta ciudad: el mar, el sol y la actividad balnearia. Por eso decimos que este modelo es pan para hoy y hambre para mañana”.
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