Tarjeta Alimentaria Municipal: quieren saber la cantidad que están activas en Mar del Plata
Entre otros puntos, exigen que se detalle la cantidad de tarjetas dadas de baja en los últimos 5 años y cuáles fueron los motivos.
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A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Acción Marplatense le solicitó al Departamento Ejecutivo local que brinde diversas explicaciones respecto de la Tarjeta Alimentaria Municipal.
En el expediente, se reclaman detalles sobre los siguientes puntos cantidad total de tarjetas activas al día de la fecha; distribución por barrios y/o centros de salud, si existiera; cantidad de tarjetas dadas de baja en los últimos 5 años y motivos de baja; criterios actualmente vigentes para la permanencia en el programa; si existen cruces automáticos con otros planes sociales nacionales o provinciales.
También exigen que se informe sobre el procedimiento de renovación: requisitos, periodicidad y oficinas responsables; detalles del impacto presupuestario y la planificación del monto total destinado al programa en el Presupuesto vigente y la proyección presupuestaria del impacto del aumento anunciado; si está prevista la reapertura de inscripciones, indicando fecha estimada y criterios de acceso.
Además, se pide si existe un registro de familias que solicitaron ingresar y quedaron en lista de espera; mecanismos previstos para garantizar la accesibilidad territorial en la renovación (costos de traslado, descentralización, digitalización, etc.), y se solicita que se informe los medios a través de los cuales se notificará a las familias beneficiarias la actualización del monto.
En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada de AM se explicó que “la Tarjeta Alimentaria Municipal constituye una herramienta de política social destinada a garantizar un piso mínimo de acceso a la alimentación en hogares en situación de extrema vulnerabilidad, y por tanto debe regirse por criterios de universalidad, equidad, transparencia y accesibilidad, principios rectores reconocidos por organismos internacionales y adoptados ampliamente en la gestión pública moderna”.
A continuación, se señaló que “el congelamiento del monto desde 2019 en $876 implicó la pérdida completa de su función protectiva, afectando la credibilidad y la capacidad real de esta política para cumplir con su objetivo central. Diversas organizaciones sociales han manifestado públicamente la falta de información oficial respecto del alcance efectivo del programa, lo cual vulnera uno de los pilares básicos de la política social contemporánea: la información pública accesible, condición necesaria para evitar discrecionalidad y garantizar que los beneficios lleguen a quienes efectivamente los necesitan”.
Y se remarcó que “la ausencia de datos transparentes sobre cuántas familias la reciben, cuáles continúan vigentes, cuáles fueron dadas de baja y bajo qué criterios, impide evaluar la equidad, la eficiencia y la cobertura real del programa, además de abrir espacio para desigualdades y posibles arbitrariedades administrativas”.
“Referentes comunitarios señalaron que, debido al deterioro del valor del beneficio, muchas familias dejaron de renovarla al resultarles más costoso trasladarse o presentar documentación que el monto recibido, lo cual evidencia barreras de acceso que contradicen el principio de accesibilidad universal”, se añadió.
Además, Acción Marplatense se subrayó que “las estimaciones dispares existentes, entre 2000 y 10.000 tarjetas activas según distintas fuentes, reflejan la ausencia de un registro público claro y actualizado, condición indispensable para diseñar, planificar, monitorear y mejorar una política alimentaria en un municipio con altos índices de pobreza e indigencia”.
“Organizaciones sociales y territoriales han reclamado la reapertura de inscripciones, dado que la actualización del monto vuelve a darle sentido al programa, y que toda política social debe garantizar criterios objetivos de ingreso y permanencia, eliminando márgenes de discrecionalidad que puedan afectar la igualdad en el acceso”, se afirmó.
Al mismo tiempo, se explicó que “el anuncio del aumento, presentado sin acompañarlo de información sobre universo de beneficiarios, requisitos, mecanismos de renovación o impacto presupuestario, genera incertidumbre en términos de previsibilidad y sostenibilidad, elementos centrales de una política social bien diseñada”.
“La política social moderna exige reglas claras, procedimientos públicos y estándares administrativos verificables, a fin de que ninguna familia dependa de criterios informales, discrecionales o desconocidos para acceder a un derecho básico como la asistencia alimentaria. La transparencia en la gestión de programas sociales es un deber legal y ético del Estado municipal, y una condición ineludible para evitar arbitrariedades, fortalecer la confianza pública y garantizar una distribución justa de los recursos. Sin información clara, accesible y oficial, la actualización anunciada corre el riesgo de transformarse en una medida aislada, desconectada de la realidad de los barrios y de las necesidades urgentes de los hogares más afectados por la situación socioeconómica”, concluyeron desde el pultismo.
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