Realizaron inspecciones conjuntas en Mar del Plata y Corrientes a empresa procesada por trata laboral
En enero de este año, el Juzgado Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, procesó sin prisión preventiva al presidente, la vicepresidenta y dos encargados de recursos humanos de una firma dedicada a la producción de frutos rojos por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral. En la resolución se tuvo por acreditado que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de al menos 150 personas que trabajaban en distintos predios hortícolas durante jornadas de hasta 16 horas percibiendo salarios inferiores a los estipulados por las normas laborales vigentes, entre otras circunstancias.
Se dio en el marco de una investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri, y en la que colaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) -que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano-.
La investigación se inició ante la Fiscalía Federal N°1 a raíz de una denuncia sobre la situación de explotación y trabajo infantil que sufrirían menores en la zona de Sierras de los Padres, más precisamente en el cultivo “El Frutillar”.
En los últimos días, dos importantes operativos de inspección se realizaron con varios organismos por orden de un juzgado Federal en Mar del Plata y Corrientes a la empresa, cuyos directivos están procesados por trata con fines de explotación laboral. Las inspecciones las encabezó el Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a sus víctimas.
De acuerdo a lo informado por el organismo nacional "se desarrolló la primer parte de un operativo conjunto de AFIP, Ministerio de Trabajo, Migraciones, RENATRE y el Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas en los predios de la Compañía Frutihorticola S.A. (CIFSA) cumpliendo un oficio solicitado por el Juzgado Federal Nª 1 de Mar del Plata y en el marco de la causa 6128/2016 'Moretti Ana Karina y otros s/infracción ley 26.364' en la cual los directivos de la firma están procesados por trata con fines de explotación laboral".
Más de 60 inspectores relevaron los predios durante 10 horas de manera coordinada evaluando la situación migratoria, las condiciones de contratación, la jornada de trabajo, el nivel de retribución salarial, las condiciones del entorno y en el caso de RENATRE las condiciones de sindicalización. El abordaje se hizo teniendo presente los criterios establecidos en la “Guía para investigar y detectar la trata laboral” publicada por el Ministerio Publicó Fiscal y la OIT en 2017.
Tras el operativo, se señaló que "durante el relevamiento se detectaron parcialmente condiciones de entorno indignas para los trabajadores en uno de los campamentos de trabajadores temporarios; niveles de retribución por debajo del mínimo legal establecido y algunas situaciones de pago a destajo y fraude laboral. También se detectaron jornadas de trabajo de lunes a lunes que superan lo máximo legal permitido. En 5 casos se detectó una situación migratoria irregular". "No se detectaron casos de explotación infantil y en el campamento principal las condiciones eran aptas", se aclaró.
El informe del operativo al juzgado consignó que "la mayoría de los trabajadores están siendo sometidos a una situación de explotación en lo atinente a las jornadas, el nivel de retribución y parcialmente referidas a algunas cuestiones vinculadas al entorno. Y que no tenían conocimiento de sus derechos salarias y sindicales y eran reclutados desde zonas de alta vulnerabilidad".
Se concluyó que "las condiciones objetivas que llevaron al Juzgado a procesar a los directivos de la empresa no habían sido subsanadas".
Cabe señalar que durante esa jornada, por vez primera los trabajadores "eligieron delegados y delegadas para que los representen y en el informe al juzgado se pidió especial protección para los mismos conforme a lo previsto en la ley 23551 y teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema que otorga protección a aquellos trabajadores que buscan concientizar a sus compañeros de la necesidad de representación gremial".
La empresa presentó ante el juzgado y autoridades del operativo conjunto que elevaron a la justicia, un pedido escrito y formal donde solicitan audiencia formal con el Juez a fin de "reparar el daño a los trabajadores y subsanar las irregularidades detectadas".
Por otra parte, se llevó adelante la segunda y última parte del operativo conjunto ordenado por la justicia federal a la sede de la empresa CIFSA ubicada en la localidad de Bella Vista, provincia de Corrientes. Esta vez participaron una veintena de inspectores del Ministerio de Trabajo, del RENATRE y UATRE, de la Dirección Nacional de Migraciones, de la AFIP, coordinados por el Comité Ejecutivo y con apoyo de la Gendarmería Nacional.
"Por la época de la cosecha, se relevaron solo a una treintena de trabajadores en la cosecha del arándano y la frutilla y en otras tareas de logística. No se detectó trabajo infantil, ni situaciones migratorias irregulares. Si se detectaron irregularidades en la forma de contratación de varios de ellos, recibos que no condicen con el monto que perciben y montos que en más de dos decenas de casos son la mitad que les corresponde por convenio y muy por debajo del salario mínimo vital y móvil", se detalló.
Y se resaltó que "ahora el Poder Judicial llevará adelante las acciones necesarias para garantizar la reparación a las víctimas y el juzgamiento de los tratantes, mientras que los organismos de control laboral llevarán adelante los procesos administrativos que correspondan en función de las irregularidades detectadas. También en la sede de Bella Vista, se informó de los derechos gremiales de los trabajadores y trabajadoras y se procedió a elegir delegados".
"Lo que el operativo conjunto demostró es que la cooperación inteligente entre la Justicia Federal y los organismos inspectivos del Gobierno nacional es decisiva para tramitar seriamente y en profundidad las causas judiciales evitando la impunidad y garantizando la reparación y el restablecimiento de derechos de los trabajadores y trabajadoras. De este modo el Comité cumple en la práctica con los incisos a y b referidos a mejorar los estándares de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir y combatir los delitos de trata y explotación y a proteger y asistir a las víctimas de tales delitos y sus familias y a desarrollar acciones eficaces orientadas a aumentar la capacidad de detección, persecución y desarticulación de las redes de trata y explotación", finaliza comunicado oficial.
