Punta Mogotes: la Justicia local dictó una cautelar y advirtió sobre el litigio a quienes participen del nuevo convenio
El juez Simón Isacch resolvió que se notifique a la Provincia, a la administración de Punta Mogotes y al Colegio de Arquitectos sobre la existencia del proceso judicial.
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El conflicto judicial por la administración de Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata rechazara un recurso extraordinario presentado por la provincia de Buenos Aires, el expediente volvió al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, que ahora dispuso una medida cautelar preventiva solicitada por la Municipalidad de General Pueyrredon.
La resolución, firmada por el juez Simón Francisco Isacch, ordena poner en conocimiento al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a la administración de Punta Mogotes y al Colegio de Arquitectos de la Provincia sobre la existencia del proceso judicial, con el fin de preservar la situación jurídica del predio mientras se define su restitución a la órbita local.
El fallo se dictó luego de que el Municipio denunciara un nuevo expediente administrativo iniciado por la Provincia para celebrar un convenio de colaboración con el Colegio de Arquitectos, destinado a impulsar un concurso de ideas y proyectos urbanísticos en el complejo. Desde la comuna advirtieron que ese acuerdo podría alterar el “status quo” del predio y comprometer su administración mientras el litigio continúa.
En su resolución, el magistrado consideró “verosímiles los fundamentos invocados por la actora” y sostuvo que la medida cumple una función preventiva y de publicidad, destinada a alertar a potenciales terceros sobre la existencia del proceso judicial. “La cautela permitirá evitar que quienes contraten sobre el Complejo Punta Mogotes puedan invocar buena fe frente al Municipio”, fundamentó.
El expediente, caratulado “Municipalidad de General Pueyrredon c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión de Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos” (causa Nº 32496), busca la restitución del complejo al Municipio luego del pago en consignación de más de $14 millones previsto por la ley 10.233. El conflicto se remonta al convenio original firmado en 1980, que estableció una administración conjunta entre la Provincia y el Gobierno municipal, y cuya vigencia hoy está en discusión.
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