Provincia de Buenos Aires lidera las causas por terrorismo y Mar del Plata se ubica tercera a nivel nacional
El dato se desprende de la jornada “Terrorismo internacional y su financiamiento” que se realizó en la Facultad de Derecho de la UNMdP. La ciudad cuenta con 7 causas de las 30 que concentra la provincia de Buenos Aires.
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Con eje en los nuevos escenarios globales, el vínculo con el crimen organizado y el impacto de las tecnologías emergentes, se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) la jornada “Terrorismo internacional y su financiamiento”.
Del encuentro participaron los cotitulares de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) de la Procuración General de la Nación (PGN), Juan Manuel Olima Espel y Armando Antao Cortez; el fiscal general con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito Mar del Plata, Daniel Eduardo Adler; y el docente Flavio Farinella, en representación de la unidad académica anfitriona.
Durante la presentación, Olima Espel expuso estadísticas oficiales que revelaron que en Argentina existen 65 causas vinculadas al terrorismo internacional y su financiamiento. La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad (30), de las cuales 17 pertenecen a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras 7 causas a Mar del Plata.
Este dato coloca a la ciudad como uno de los principales focos de investigación judicial del país. “La hipótesis terrorista es posible y la creación de la SAIT en 2018 buscó justamente concientizar sobre esa realidad”, subrayó Olima Espel.
Al dar la bienvenida, el docente Farinella señaló que el terrorismo constituye “uno de los desafíos más grandes de este siglo”, y resaltó su conexión con el crimen organizado. Por su parte, el fiscal Adler sostuvo: “La prevención implica llegar antes que el daño, que en estos casos es inconmensurable por sus consecuencias letales. Para esto, Naciones Unidas y la Argentina se han dado un plan de acción”.
Por otro lado, Olima Espel también analizó cómo la tecnología impacta en los mecanismos de financiamiento y reclutamiento. Mencionó el uso de criptoactivos, las redes sociales como canales de radicalización, los algoritmos que potencian discursos extremistas, los “deepfakes” y las campañas de desinformación. “Estos cambios nos obligan a pensar en una reforma legal”, advirtió.
En tanto, Armando Antao Cortez abordó el nexo entre crimen organizado y terrorismo, haciendo referencia a la Resolución 2195 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “El crimen organizado opera como modelo de negocios, mientras que la organización terrorista se estructura como agrupación política”, diferenció.
El último panel estuvo a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, y del juez de Garantías Santiago Inchausti. Ambos repasaron la normativa nacional e internacional, las reformas introducidas por la ley 27.739 y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asimismo, analizaron la relación entre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y coincidieron en que el desfinanciamiento constituye una herramienta clave de prevención.
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