Procesan a un hombre y a su suegra por explotar trabajadores en una quinta
Un hombre y su suegro fueron procesados en el marco de una investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal N°2 por estar acusados de sacar provecho de la situación de pobreza y vulnerabilidad de nueve empleados de nacionalidad boliviana en un predio de Sierra de los Padres, entre quienes había tres que eran menores y una de ellas se encontraba en situación migratoria irregular.
En el marco de la causa, luego de escuchar los testimonios de las víctimas y los imputados, recolectar toda la prueba y realizar una inspección ocular en el predio allanado, el juez Santiago Inchausti resolvió procesar a Toribio Jesús Gareca Gutiérrez (con prisión preventiva) y Lucrecia Arenas Baldiviezo (sin prisión preventiva por tener niños a cargo), quien resulta ser la madre de la esposa de su coimputado.
La investigación surgió a partir del testimonio de una niña de 15 años, quien había logrado escaparse de la quinta de la zona de Sierra de los Padres donde era explotada. Un taxista encontró a la adolescente llorando en el centro de la ciudad y la llevó hasta la sala de salud “La Peregrina” para pedir ayuda. Lo que tenía claro era que a la “Quinta Gareca” no quería volver: contó que allí sus hermanos le habían pegado, que tenía que trabajar 14 horas diarias, limpiar la casa, cocinar y hacerse cargo del cuidado de sus sobrinos, bajo la mirada cómplice del dueño del lugar de explotación. Tenía prohibido salir, y la desobediencia le costaba agresiones y amenazas. Ella había llegado con 13 años y el anhelo de estudiar pero nunca pudo ir a la escuela.
El avance de la pesquisa derivó en varios allanamientos, entre ellos el del predio rural conocido como “Quinta Gareca” –y el predio de enfrente- ubicado a tres kilómetros de la ruta provincial 226, a la altura del kilómetro 17,7, Pasaje El Coyunco, sobre la mano que va sentido a Tandil. Allí, se encontraron ocho personas captadas en Bolivia –entre ellas dos adolescentes de 17 años, uno con una situación migratoria irregular- que vivían en precarias condiciones habitacionales y en situación de explotación.
El magistrado, además, mandó a trabar embargos sobre los bienes y dinero de los procesados por un millón de pesos y el decomiso preventivo –que garantice el reparo a las víctimas- del predio rural y de la camioneta 4x4 de los dueños de la quinta.
Consentir la explotación
Si bien algunas de las víctimas manifestaron hallarse a gusto trabajando y viviendo en el predio, o querer seguir allí al menos hasta el final de temporada, a pesar de las condiciones en que se encontraban, el juez Inchausti señaló: “Sus expresiones y el consentimiento que directa o indirectamente hubieran prestado para su acogimiento en el lugar, deben ser analizados partiendo del contexto social al que pertenecen, su situación económica, cultural, administrativa, su pertenencia a la población trabajadora de origen extranjero y/o migrante, lo que los ubica entre los colectivos más vulnerables al empleo irregular y a la explotación laboral”.
Enseguida marcó que tal suerte de “voluntad”, “no implica la ausencia de indicadores de trata y reducción a la servidumbre, sino la presencia de otros elementos, como las carencias sufridas en sus lugares de origen y una situación de vulnerabilidad y desamparo extremas que, en un país y una sociedad completamente ajenas, viene a robustecer, en la víctima, la percepción de ausencia de mejores opciones de vida y su no reconocimiento de tal condición”.
