Prestadores y familias exigen la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad
El colectivo Prestadores Unidos MDP se movilizó en Mar del Plata junto a transportistas y acompañantes terapéuticos para reclamar una solución urgente. Denuncian recortes, atrasos de pagos y abandono estatal.
Frente a las puertas del Palacio Municipal de Mar del Plata, la organización Prestadores Unidos MDP encabezó una manifestación para exigir la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. La movilización fue acompañada por transportistas, terapeutas, familiares y personas con discapacidad, quienes reclamaron políticas públicas integrales y urgentes frente a una situación que califican como insostenible.
“Acá no hay partes, somos una gran comunidad que apoya a las personas con discapacidad y a sus familias. Por eso el reclamo es mancomunado. Logramos unirnos para visibilizar lo que está pasando y decir basta”, expresó Jessica Machado, una de las referentes del colectivo. “Queremos que se trate la ley de emergencia porque parece que no somos oíbles” manifestó en dialogo con El Marplatense.
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La protesta denunció múltiples problemáticas: recortes en terapias, demoras de más de cinco meses en los pagos a prestadores, falta de aumentos en los honorarios y abandono por parte de las obras sociales. “Reclamamos también pensiones no contributivas que no se están pagando, y una auditoría real sobre el funcionamiento de las obras sociales. No se está cumpliendo la ley”, agregó Érica, otra de las voceras.
La situación, según los manifestantes, no solo afecta a los trabajadores del sector sino directamente a quienes necesitan estas prestaciones. “Hace 13 años que mi hijo tiene certificado de discapacidad y esto fue de mal en peor. Los más chicos necesitan muchas prestaciones para poder evolucionar y ser parte de esta sociedad”, expresó Érica con angustia.
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El testimonio más contundente fue el de Santiago Navone, quien denunció directamente la mirada discriminadora del Estado: “Lo que dijo el director nacional de Discapacidad es una vuelta a una concepción totalmente discriminativa. El problema de la discapacidad es social. Nos puede pasar a cualquiera”.
Navone apuntó también a la falta de transporte público accesible y a la precariedad de los apoyos básicos: “Si me quedo sin acompañante terapéutico no puedo llegar a trabajar. No tenemos un sistema de transporte adaptado. Necesitamos vivir como cualquier otra persona: ir al cine, hacer kinesiología, tener calidad de vida”.
Y cerró con una definición que atraviesa el reclamo: “Estamos viendo una violación sistemática de nuestros derechos constitucionales como ciudadanos. Nos están condenando a volver al siglo XIX, y estamos en el siglo XXI”.
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