Prestadores Unidos denunció que el Gobierno nacional “incumple un mandato legal y social”
Es con relación a la Emergencia en Discapacidad, que sigue sin aplicarse, y al aumento otorgado que consideran lejos de lo ideal. Y aseguran que el sistema atraviesa una “crisis estructural”.
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A casi un año de haberse decretado la Emergencia en Discapacidad y a más de dos meses de la promulgación de la Ley 27.793, el Gobierno nacional continúa sin aplicar las medidas que dicha norma establece. Diversas entidades del sector denunciaron a través de un comunicado titulado “no somos cómplices” que el Estado argentino “incumple un mandato legal y social” que exigía “respuestas urgentes” para un sistema que atraviesa una “crisis estructural”.
La ley, sancionada por el Congreso tras un amplio proceso, ordenaba corregir un desfasaje arancelario del 70%. Sin embargo, el aumento recientemente anunciado alcanza solo el 35% y se terminará de cobrar entre marzo y abril de 2026. “Lo que debía ser una reparación se convirtió en una nueva forma de ajuste”, señalan desde el colectivo de prestadores.
El incremento, además de insuficiente, se considera tardío y ajeno a la gravedad del contexto. No contempla compensación retroactiva por lo no reconocido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, lo que equivale a tres meses de facturación perdida. Mientras tanto, “los prestadores continúan endeudándose, las instituciones se sostienen con recursos mínimos y las familias asumen costos que el Estado debería garantizar”.
“El aumento correspondiente a octubre se hará efectivo recién entre enero y febrero de 2026”, advirtieron. A esto se suma el atraso arancelario acumulado, que obliga a las instituciones a afrontar gastos ordinarios, incrementos salariales, aguinaldos, combustible y servicios básicos con valores desactualizados.
Desde el sector afirman que el discurso oficial habla de avances, pero la realidad es otra. “El aumento no representa una mejora: representa el desconocimiento de una ley vigente, un acto de desobediencia institucional que precariza la atención, debilita a las instituciones y condena al colectivo de la discapacidad a seguir sosteniendo, con esfuerzo y deuda, lo que el Estado elige desfinanciar”.
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