Prestadores sobre el aumento en discapacidad: “No se trata de una mejora: se trata de una limosna”
Desde Prestadores Unidos MDP cuestionaron la reciente decisión del Gobierno de aplicar aumentos de entre el 29 y el 35%. Exigieron nuevamente la aplicación de la Ley de Emergencia.
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Con el objetivo de fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios destinados a personas con discapacidad en todo el país, el Gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador nacional de prestaciones. El incremento será escalonado y se aplicará en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025, con aumentos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%. Sin embargo, desde la ONG Prestadores Unidos MDP los calificaron como “insuficientes”.
“El Directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, después de más de un año de silencio, se reunió para anunciar aumentos escalonados e insuficientes, que lejos están de representar la verdadera aplicación de la Ley de Emergencia. Esos incrementos, además de contradictorios con la propia norma, recién impactarán en la economía de los prestadores hacia 2026, perpetuando un modelo de precarización y abandono. No se trata de una mejora: se trata de una limosna disfrazada de decisión técnica”, señalaron a través de un comunicado.
Como se indicó, el aumento fue definido tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. La decisión fue posible gracias a una partida presupuestaria adicional otorgada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para afrontar los aumentos previstos en el último trimestre del año.
Desde ANDIS y el Ministerio de Salud -que también participa del esquema de seguimiento y control del sistema- señalaron que “se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”.
De todos modos, para los prestadores “la emergencia en discapacidad no se resuelve con porcentajes diferidos ni con parches administrativos. Se resuelve con la aplicación efectiva de la ley, con el cumplimiento inmediato de sus artículos y con una mirada integral que respete la dignidad de las personas y la sustentabilidad del sistema”.
Y consideraron que la ley “no se reduce a un aumento del nomenclador: abarca la continuidad de los tratamientos, la accesibilidad, la cobertura del transporte y el reconocimiento justo a quienes sostienen las prestaciones”.
Desde el Gobierno indicaron que el nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, referencia oficial para los aranceles que perciben instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los rubros beneficiados se encuentran internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.
La actualización llega tras un largo período sin aumentos: el último había sido del 0,5% en diciembre de 2024. El retraso generó cortes en servicios, cierre de centros de atención y demoras en el pago de prestaciones. En ese contexto, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad y otras agrupaciones realizaron movilizaciones frente al Congreso y al Ministerio de Salud, exigiendo que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece un aumento del 70%, superior al 35% concedido por las autoridades.
Desde Prestadores Unidos MDP lamentaron igualmente el no cumplimiento de la Ley de Emergencia al señalar que “en un país democrático, las leyes no se discuten: se cumplen”. Y cuestionaron el reciente decreto que detuvo su aplicación hasta que el Congreso defina el origen de los fondos: “Constituye un retroceso institucional y una vulneración directa de los derechos de las personas con discapacidad y de quienes garantizan sus apoyos cotidianos”.
“La ley no puede quedar suspendida por decisiones administrativas. No hay democracia posible cuando lo sancionado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo se frena por conveniencia política o por falta de voluntad presupuestaria”, manifestaron los prestadores.
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