Desde la agrupación Prestadores Unidos MDP, que asiste a personas con discapacidad, manifestaron su postura contraria a un reciente comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) respecto del tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciaron retrasos en el aumento de los servicios que prestan, así como demoras en el pago. “Es muy cruel que haya un recorte en uno de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad”, señalaron.

Los integrantes de la agrupación consideraron que el documentado presentado por este organismo “no sólo niega la crítica situación del sector, sino que incurre en contradicciones, omisiones y datos inexactos que atentan contra la verdad y la dignidad de las personas con discapacidad”. Además, remarcaron que el comunicado oficial habla de una “mejora sostenida de los valores prestacionales” cuando el “desfasaje está por encima del 300%”.

Lucía, integrante de Prestadores Unidos MDP, indicó a El Marplatense que la situación de los trabajadores es “muy irregular, no sólo con respecto a los pagos, que en este momento superan los 90 días, sino también por autorizaciones que vienen con recortes, porque no hay un sector a donde reclamar, porque cada vez los papeles y los requisitos administrativos son mayores”.

Según explicó, los honorarios de los prestadores está actualmente en los 12.000 pesos, cuando para el sistema el monto mínimo ético de los colegios supera los 22.000 pesos: “Esto quiere decir que estamos cobrando, incluso colegas que hace 25 años que están en el área, la mitad de lo que nos corresponde como monto mínimo”.

En ese sentido remarcó que “todo esto es histórico para nuestro colectivo” y recordó que “venimos denunciando en distintas áreas, hace desde mucho tiempo, esto no es actual”. Para Lucía “esto habla de la deuda que tienen los diferentes gobiernos, es acumulativo, no es del actual gobierno aunque también estamos en desacuerdo con las políticas de salud o con los recortes que hay”.

La trabajadora señaló sobre la Ley de Emergencia que “intenta proteger y cubrir los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores”. Y confió que se trata de personas “formadas específicamente en el área. Somos especialistas en lo que hacemos. Con lo cual, nuestros honorarios tendrían que ser superiores a un monto mínimo, porque el monto mínimo que sugiere que recién se ingresa al sistema de salud”.

Sobre el desfasaje salarial, desde Prestadores Unidos MDP indicaron que con una inflación del 211,4% en 2023 la recomposición fue del 114%, en 2024 la recomposición fue del 74,9% con una inflación del 117,8%, y en lo que va de este año no hubo aumentos con una inflación del 8.4%. De ahí, que determinan que el desfasajes es superior al 300%.

“Lo que está pasando ahora es que la Superintendencia de Salud que responde al Gobierno actual está en desacuerdo porque considera que no tiene los medios para arbitrar estas decisiones. Por ejemplo, que no tiene los fondos necesarios para poder hacer frente a esta necesidad, que no es ni nada más ni nada menos que los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad”, consideró Lucía.

Ante este panorama, para la trabajadora se pone “en riesgo” todo lo que es la atención de las personas. Y calificó a la atención ante la Superintendencia de Salud “como hablar con una pared o peor, porque muchas veces el maltrato es tal que las personas dejan de hacer tratamientos o de luchar por sus derechos. Y ante la negativa, las personas con discapacidad o sus familiares tienen que recurrir un recurso de amparo que es algo costoso”.

La crisis en el sector es tal, que según indicó la prestadora de salud “muchos profesionales ya no se dedican a atender a personas con discapacidad, no se atienden ciertas obras sociales porque se sabe que no se cobra, hay consultorios cerrados. Es muy cruel que haya un recorte en uno de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad”.