Por la crisis, empresarios piden un boleto a $ 150,12 en Mar del Plata
La Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) llevó adelante un minucioso estudio de costos sobre el valor del boleto de colectivo en el distrito de General Pueyrredon y lo presentaron este miércoles ante el Ejecutivo local. En el texto, reclamaron que la tarifa del boleto de colectivo pase a tener un costo de $150,12.
En la documentación, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde CAMETAP indicaron que "la ecuación económica de nuestro contrato está sufriendo una grave distorsión como consecuencia de la decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional de devaluar el signo monetario, lo que produjo, como contrapartida, el proceso inflacionario en el que estamos inmersos los argentinos que afecta directamente a los insumos básicos necesario para la correcta prestación del servicio público de transporte urbano colectivo de pasajeros”.
Y subrayaron que “el contrato de concesión que nos vincula con la Municipalidad de General Pueyrredon, en las condiciones económicas actualmente vigentes, se ha tornado de imposible cumplimiento”.
Desde la CAMETAP manifestaron que “nuestras asociadas no se encontraron ni se encuentran hoy en día ajenas a los avatares de este incierto contexto en el cual estamos todos sumergidos. La creciente inflación y devaluación del tipo de cambio, traen aparejadas alteraciones en la ecuación económico-financiera de las empresas del sector, imposible de ser paliadas con una tarifa desactualizada y subsidios cuasi-congelados”.
Y destacaron que “la abrupta caída en el nivel de actividad en el cual nos vimos inmersos durante los meses más crudos de la Pandemia COVID-19, que se tradujo en el mayor descenso que se haya sufrido en la historia del sector, llegó al punto máximo del 90% duramente los primeros meses del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Hoy en día nos encontramos trabajando al 65% de una cantidad de pasajeros que se podría considerar 'normal' si tomamos información pre-pandemia (Períodos 2018/2019)”.
“El desaliento al uso del transporte público promovido oportunamente desde los sectores que tomaron las decisiones en torno a la movilidad en el marco de la Pandemia más cruda, limitándolo únicamente a las trabajadoras y trabajadores de actividades esenciales, signó el presente y futuro del consumo de este tipo de servicios en el corto y mediano plazo. Desde el primer momento, nuestra actividad fue señalada por el sector público como esencial, lo cual no fue menor por la importancia que ello representa, cubriendo un servicio básico para la población. Empero, lo anterior no fue acompañado por políticas de apoyo que garanticen un marco para la sustentabilidad de la actividad”, subrayaron.
A continuación, indicaron que “los beneficios derivados del Programa de Apoyo al Consumo y la Producción, en su expresión ATP (luego, reemplazado por el Programa de Recuperación Productiva REPRO), fueron denegados al sector del transporte urbano y suburbano, sosteniendo la negativa en el requisito de estar percibiendo subsidios estatales. Claramente, esta restricción no tiene un sustento lógico, toda vez que la asistencia que el Estado comenzó a brindar a partir del año 2002 y hasta la fecha al sector se fundamenta en lograr una tarifa accesible a toda la población. De hecho, si la génesis de estos subsidios nunca hubiese ocurrido, el precio del boleto en toda la República Argentina hubiera sido mucho más oneroso. Este paliativo que existía antes de la pandemia generada por el COVID-19, continúa vigente para lograr el cometido anterior, pero de ninguna manera se modificó para amortiguar los efectos de esta nueva circunstancia. El haber contado con el beneficio del A.T.P., hubiera permitido cubrir aunque sea en parte el salario del personal de nuestro sector”.
“Sumado a ello, los subsidios corrientes se están percibiendo asincrónicamente, si nos comparamos con otras jurisdicciones provinciales. Son ya recurrentes los retrasos en las liberaciones de las partidas mensuales que cada prestataria debería recibir en plazos que otrora estaban programados, y le otorgaban un marco de previsibilidad presupuestaria empresarial. Paralelamente, sin ánimos de ser reiterativos, las variaciones nominales de las partidas no acompañan el proceso inflacionario, quedando rezagadas, y no pudiendo cumplir su cometido: compensar parte de la estructura de costos y evitar la puja tarifaria”, agregaron.
A continuación, sostuvieron que “los servicios de transporte fueron reprogramados y adaptados a esta nueva realidad de demanda retraída, intentando llegar a un equilibro entre el par dialógico nivel de servicio / sostenibilidad económica de su prestación, con la intención de lograr la supervivencia de las empresas y con ella, los miles de puestos de trabajo que directa e indirectamente el sector sustenta. No debe perderse de vista que las empresas dedicadas al transporte tienen un alto componente de costos fijos, los cuales no pueden reducirse ni amoldarse en el corto plazo para adecuarse a la realidad del mercado. Las nóminas de personal no sufrieron modificaciones por tal motivo; todas las empresas priorizaron el Capital Humano a costa de un fuerte y caro endeudamiento. El parque móvil permaneció incólume en su cantidad, e incluso las empresas afrontaron renovaciones de unidades pese al contexto adverso. El sostenimiento de toda la estructura debe realizarse para no permitir que el capital perima”.
“Ante la falta de respuesta del Estado, las empresas nucleadas en la Cámara Marplatense de Transporte Automotor de Pasajeros (CAMETAP) han debido recurrir a diferentes herramientas de financiación para poder enfrentar los costos más urgentes y no evitables. Adelantos en Cuenta Corriente, Descuento de Cheques, e incluso Préstamos Bancarios. Ante esta situación, la capacidad de cancelación de los mismos resulta absolutamente prohibitiva”, explicaron.
A todo esto, los empresarios sumaron que “también hemos afrontado los resultados de la negociación de las nuevas paritarias de U.T.A.: un incremento del 50% en los haberes de todas las categorías en relación a los vigentes en Diciembre 2021 / Verano 2022, con más la fijación de una suma No Remunerativa Extraordinaria de $ 69.000 para cada empleado, con vigencia hasta Agosto del 2022, dejando liberado el tratamiento de los salarios que regirán para Septiembre en adelante, conforme el devenir de la economía en estos meses”.
“Si bien existió el compromiso por parte del Ministerio de Transporte al momento de la firma del acuerdo salarial, de aportar parte de los fondos suficientes para afrontar tales incrementos, en la práctica esto no ha sucedido, agravando aún más las finanzas del sector. Muchas jurisdicciones no han podido, al día de la fecha, afrontar el pago de las remuneraciones con estos aumentos, e incluso algunas sin saldar salarios de meses anteriores (incluidos el S.A.C. del Primer Semestre 2022)”, puntualizaron.
Por otra parte, señalaron que “en una presentación anterior efectuada por esta Cámara, hicimos mención a una nota que data del 09/02/2021, en donde el entonces ministro de Transporte de Nación, Mario Meoni, expone una realidad que data de muchos años y que actualmente se sostiene, en términos del desequilibrio entre el sector del AMBA y el Interior del País, en cuanto a política de distribución de subsidios se refiere. Si bien hoy en día la tarifa vigente en la zona del AMBA se incrementó aproximadamente un mes luego de más de dos años sin ser alterada (de $ 18 a $ 25,20), y a su vez contando con el esquema de subsidios por transbordo, el espíritu sigue vigente: ‘El subsidio para el AMBA cubre el 80% de su estructura de costos’. En cambio, si realizamos el mismo análisis para las empresas del interior del país, la relación se invierte: los subsidios cubren apenas entre el 20% y el 25%”.
Resaltaron que “son de público conocimiento los proyectos presentados en el Congreso de la Nación para revertir tal situación (no sólo desde la oposición, sino también desde algún sector del oficialismo también se intenta impulsar cambios). De hecho, muchas provincias ya presionan a la Nación para que reparta equitativamente el subsidio al transporte público, preocupadas por la situación que atraviesa el transporte público en el interior. Se pide al Congreso Nacional que debata un nuevo modelo de distribución de compensaciones tarifarias que tengan como principio la igualdad y equidad en todo el territorio. Pero al momento, nada ha pasado del plano de las ideas”.
En este contexto, los empresarios afirmaron que “cada uno de los puntos antes mencionados socava más y más la posibilidad de sobrevivir, tal como están transitando la mayoría de los rubros hoy en día. Ante el estado de situación, la única salida que se puede avizorar en el cortísimo plazo es la adecuación tarifaria. La nueva ecuación económico-financiera dadas estas perspectivas arroja un escenario que duplica sin más la tarifa del transporte hoy vigente”.
Para finalizar, detallaron que “se ha efectuado conforme el anexo al presente el estudio de costos. El cálculo general de la tarifa plana actual determina un monto de $ 150,12. Teniendo en cuenta el precio del boleto actual ($ 74,38), estamos ante una brecha del 100% en su valor”.
“En esa estructura se puede evidenciar el impacto de las principales variables que afectan al costo. Por ejemplo, el precio del combustible, se incrementó en un 99% si comparamos los valores abonados en Noviembre/Diciembre del 2021 en relación con el precio vigente actual. Por su lado, se ha producido un incremento salarial del 50% sólo con miras a un solo semestre. Los repuestos, cubiertas, y otros componentes que se encuentran fuertemente ‘atados’ al valor dólar se tornan cada vez más prohibitivos; la devaluación del signo monetario es inminente. Los pronósticos ‘menos desalentadores’ de inflación para este año no bajan del 80%”, enumeraron.
Leé el pedido presentado por la Cámara marplatense de Empresas de Transporte Automotor de Pasajeros.