Marplatenses van a juicio por falsificar certificados de obra pública

Cuatro empresarios marplatenses irán a juicio acusados de falsificar certificados en las obras de construcción por más de 400 viviendas en Balcarce, en el marco de un programa con fondos nacionales, convenido entre la Municipalidad de esa localidad, el Instituto Provincial de la Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, cuyo titular era Julio De Vido, uno de los principales funcionarios acusados en la causa de "Los Cuadernos de la Corrupción".

Según la causa, que tuvo acceso El Marplatense, “se constataron diferencias sustanciales entre lo plasmado en los certificados de avance de obras y el avance real y efectivo de las mismas”. En ese sentido, desde la Fiscalía de Delitos Económicos de General Pueyrredon argumentaron que “los certificados con contenidos falsos fueron utilizados como instrumentos para obtener el error del pagador, con el fin que este abonara -en función de las porcentajes que aquellos establecían- sumas en exceso a lo que correspondía con el consiguiente perjuicio al erario público”.

La fiscalía calificó los hechos como “Falsedad Ideológica de Documento Público” y “Fraude a la Administración Pública en concurso ideal”.

Se llevaban adelante convenios (6) con constructoras que se hacían cargo de hacer entre 58 a 81 casas por acuerdo, con cifras que oscilaban entre los 3 a 4 millones de pesos. Se afirmó que los empresarios acusados recibían adelantos de obra que, con el correr del tiempo, no podían cumplir en los certificados, con lo cual mentían en sus presentaciones a los organismos oficiales.

Los empresarios marplatenses que irán a juicio son Hugo Alberto Giménez y Alberto Pisarra Da Fonseca de la firma “MF S.A.”, y Guillermo Montenegro y Rubén Manuel Guiridi, ambos de la empresa “Transervice SRL.”.

En tanto, también estarán en el banquillo de los acusados los empresarios Antonio Manuel Aguirre y Manuel Ramón Aguirre de la firma “Manuel R. Aguirre S.A”. Por su parte, los funcionarios municipales son el ex intendente de Balcarce, Carlos Erreguerena, el inspector Héctor Cabrera, el ex funcionario del Instituto de la Vivienda de la Provincia delegación Mar del Plata, Ricardo Joaquín Gómez, el ex Secretario de Obras y Servicios Públicos, Hector Allegretti.

“Las falsas constataciones elaboradas en la ciudad de Balcarce entre los meses de Diciembre de 2006 y Julio de 2007 insertas en los certificados daban cuenta de un estado material en el barrio en construcción que en modo alguno se compadecía con la realidad de lo ejecutado, toda vez que el avance real era sustancialmente menor al informado, ya que en los documentos los funcionarios encargados”, se precisó la presentación realizada por la Fiscalía.

Bajo distintas documentaciones, los agentes aseguraron que lograron probar que los certificados presentados “no se correspondían con la realidad”. Sobre esa premisa, indicaron que “los datos de construcción falsos insertos en los certificados indicados -que constituían documentos provisorios para obtener pagos a cuentas- fueron utilizados” por los contratistas acusados que “tenían conocimiento de las falsedades, para emitir las facturas correspondientes a cada uno de ellos, e indujeron a error a los distintos funcionarios intervinientes en los procesos administrativos de pago que a tal fin verifican la veracidad de los documentos, justificando que el Ministerio de Planificación de la Nación girase al Municipio de Balcarce las sumas de dinero acordadas en Proceso”.

En tanto, explicaron que uno de los casos, “en los documentos los funcionarios encargados manifestaron verificar avances físicos desde un 24,85 % hasta llegar a un acumulado de 64,12 %, cuando el avance real era de 41,89 %, lo que implicó una diferencia de -al menos- el 21,56 %”. Lo propio ocurrió en otras obras que daban cuenta de un avance del 91,51 %, cuando el avance real era de 64,02 %. Otro ejemplo fue en una construcción que afirmaba estar en un 78,85 %, cuando el avance real era de 41,99 %, lo que implicó una diferencia de -al menos- el 36,86 %.

Para los fiscales “puede inferirse que los aquí denunciados  no podían de ningún modo desconocer los pormenores del mecanismo legal y contractual al que debían ajustarse cuando los precios propuestos quedaran desarticulados con la realidad económica y por ende con los costos que debían sostener; esto es la redeterminación de precios, que supone la aplicación automática de fórmulas destinadas a compensar aumentos en los principales factores del costo, con el propósito justamente de asegurar la intangibilidad de la remuneración”.

“Pues como se ha mencionado antes, el único medio para sortear esta circunstancia, es decir para mantener un valor a lo largo del tiempo que permita que la retribución del contratista se mantenga constante, era únicamente la descripta y no una sobrecertificación de avance de obra en claro perjuicio de las arcas estatales”, puntualizaron los investigadores, que agregaron en su conclusión: “Sin embargo en el caso se acudió a las dos soluciones, por un lado se efectuaron los procesos de redeterminaciones, y por otro y como una suerte de reaseguro, se percibieron los pagos por los certificados excedidos”.

La causa fue elevada a juicio, pero, por el momento, no se conoce la fecha. Todos los imputados se encuentran en libertad a lo largo del proceso judicial. Lo que no se ha conocido es cuál fue el destino de los fondos que se habrían "mal utilizado" a lo largo de las obras.