Malestar en la administración pública: 2.000 funcionarios reclaman por sus sueldos
En medio de un fuerte debate político y económico por la reforma laboral y la agenda fiscal del Gobierno, un grupo de empleados públicos de alto rango mantiene un reclamo silencioso por sus sueldos, generando preocupación en los pasillos de Casa Rosada.
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Se trata de alrededor de 2.000 funcionarios de primer y segundo nivel operativo cuyos salarios han quedado atrasados, especialmente en uno de los componentes más importantes de sus haberes.
La polémica se centra en el suplemento por “función ejecutiva”, un ítem que representa una parte sustancial del salario de cargos como Directores Nacionales, Generales, de Línea y Coordinadores, y que no se actualiza desde hace más de dos años. Si bien desde enero de 2026 el Gobierno ordenó incrementar las remuneraciones de ministros, secretarios y subsecretarios, este tramo no fue extendido a estos otros niveles, algo que ha generado malestar en el sector.
Quienes ocupan esos cargos argumentan que, pese a haber participado de ajustes salariales en otros niveles por negociaciones paritarias, el complemento que constituye la mayor parte de sus ingresos permanece congelado.
El Ejecutivo explica que la actualización de ese suplemento depende de negociaciones con los sindicatos estatales dentro del Convenio Colectivo de Trabajo, por lo que no puede ajustarse automáticamente como otros ítems básicos del sueldo. En este esquema, el salario total de un funcionario se compone de un sueldo básico, un componente por dedicación funcional y el suplemento por función ejecutiva, este último actualmente congelado.
Los datos oficiales muestran que antes de diciembre de 2025 un Director Nacional podía recibir una remuneración bruta que superaba los $3,3 millones mensuales, de los cuales más del 50 % correspondía al suplemento en discusión. Tras los descuentos, esos ingresos netos suelen rondar los $2,5 millones, una cifra que muchos consideran insuficiente frente al aumento constante del costo de vida.
La falta de actualización de estos ingresos ya se tradujo en la renuncia de varios funcionarios desde el inicio de la gestión, que prefirieron dejar sus cargos ante la falta de competitividad salarial, según testimonios recogidos por este medio.
Tanto sindicatos estatales como representantes de los funcionarios han elevado la demanda al Gobierno, reclamando que se descongele el suplemento por función ejecutiva y se alinee con las actualizaciones generales del resto del empleo público. Desde el gremio estatal UPCN, mayoritario en el sector, se formalizó un pedido al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para abordar esta cuestión.
En Casa Rosada admiten internamente que se evalúa la posibilidad de descongelar este ítem y otorgar un incremento de entre un 20 % y un 30 % a este grupo, aunque señalan que el calendario y el alcance de cualquier medida aún no están definidos y podrían reactivarse en las próximas semanas.
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