Los fundamentos de Casal para pedir elevar la condena a Cristina por la causa Vialidad
Solicitó hoy que la Corte Suprema eleve a 12 años la condena de Cristina Kirchner por administración fraudulenta.
El procurador general interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que respaldó plenamente el recurso extraordinario presentado por el fiscal general Mario Villar, solicitando que la Corte Suprema revise la absolución de Cristina Fernández, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad. Casal argumentó que la sentencia de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó dichas absoluciones, incurrió en arbitrariedad al no responder adecuadamente los planteos del Ministerio Público, omitiendo un análisis profundo de los argumentos presentados por Villar, los cuales calificó como “sólidos” y “claramente fundamentados en la ley”.
En su escrito, Casal destacó que la Casación no abordó la crítica central del fiscal, quien señaló que las irregularidades en las 51 obras públicas adjudicadas entre 2003 y 2015 a empresas vinculadas a Báez no podían reducirse a un único delito continuado, como sostuvieron los jueces. Según el procurador, la figura de asociación ilícita, como delito autónomo de peligro abstracto, requiere la existencia de una organización con múltiples planes delictivos, un criterio que, a su juicio, se cumple en este caso, dado el alcance y la duración del esquema de corrupción detectado.
Cuestionó además la interpretación de la Casación, afirmando que “no hay justificación” para descartar la pluralidad de planes delictivos, especialmente considerando que las adjudicaciones fraudulentas abarcaron tres administraciones presidenciales, lo que implica una “multiplicidad de planes”.
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Además, Casal solicitó que la Corte Suprema eleve a 12 años la condena de Cristina Kirchner por administración fraudulenta, en línea con lo planteado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola durante el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal Nº2, que en 2022 condenó a la ex presidente a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. El procurador respaldó la postura de Villar, quien argumentó que la absolución por asociación ilícita ignoró pruebas clave y no respondió a los agravios planteados, limitándose a repetir los fundamentos del tribunal de primera instancia.
Respecto a otros acusados, Casal cuestionó las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro. Sobre De Vido, afirmó que no sólo conocía el plan ilícito, sino que fue uno de sus principales organizadores, rechazando el “excesivo formalismo” con que la Casación evaluó su rol. En cuanto a Fatala, señaló que su inacción deliberada como subsecretario de Obras Públicas facilitó el delito. Para Garro, destacó que Casación desestimó pruebas decisivas bajo pretextos aparentes, ignorando su conocimiento del esquema fraudulento.
Casal también criticó la exclusión de testimonios clave, como los de los colaboradores José López, Carlos Wagner y Juan Chediack, ofrecidos por el Ministerio Público. Según el procurador, su rechazo vulneró el debido proceso, ya que estas declaraciones eran pertinentes para sustentar la acusación. Finalmente, cuestionó la sanción de decomiso impuesta por un monto menor al solicitado, argumentando que el cálculo detallado del fiscal no recibió un tratamiento adecuado por parte de la Casación.
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El dictamen de Casal apoya íntegramente el recurso de Villar, instando a la Corte Suprema a revisar la sentencia por considerar que la absolución por asociación ilícita y las decisiones relacionadas con otros acusados y el decomiso carecen de fundamentos sólidos, afectando el derecho de defensa del Ministerio Público.
Fuente: con información de Infobae
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