Ley de financiamiento universitario: la justicia ordenó al gobierno que la ejecute
La medida cautelar fue ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
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La resolución judicial sostiene que el Estado tiene la obligación de cumplir con la norma sancionada por el Congreso, que establece la actualización de salarios docentes y el refuerzo de las partidas presupuestarias para las universidades públicas. En ese sentido, los jueces consideraron que la demora en su aplicación implica el incumplimiento de un deber legal concreto.
El conflicto se remonta a fines de 2025, cuando el Poder Ejecutivo decidió suspender la ejecución de la ley mediante el Decreto 759/2025, argumentando que la norma no contaba con fuentes de financiamiento específicas y que su implementación podía afectar el equilibrio fiscal.
Frente a esta decisión, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y más de 40 universidades promovieron una acción de amparo. El juez de primera instancia hizo lugar al planteo y ordenó aplicar la ley, al considerar que la suspensión dispuesta por el Gobierno presentaba “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
En respuesta, el Ejecutivo apeló el fallo y buscó frenar la medida cautelar, incluso cuestionando la imparcialidad del magistrado. Sin embargo, la Cámara rechazó esos planteos y confirmó la vigencia de la orden judicial, reforzando la obligación de cumplir con la normativa.
Uno de los puntos centrales del fallo es el impacto fiscal de la medida. A diferencia de la postura oficial, los camaristas consideraron que el costo de implementar la ley es bajo, lo que debilita el argumento del Gobierno basado en la necesidad de preservar el equilibrio de las cuentas públicas.
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