Ley de financiamiento universitario: el Gobierno Nacional apelará en la Corte para frenar su cumplimiento
El gobierno de Javier Milei busca evitar la aplicación del fallo judicial que ordena actualizar salarios y becas en el sistema público.
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El Gobierno nacional resolvió avanzar con una apelación ante la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, luego del revés judicial que lo obliga a cumplir con la normativa sancionada por el Congreso.
La decisión implica la presentación de un recurso extraordinario con el objetivo de que el máximo tribunal revise el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó los argumentos del Ejecutivo y ordenó la recomposición salarial de docentes y no docentes, así como la actualización de las becas estudiantiles.
El conflicto entre el Gobierno y el sistema universitario suma así un nuevo capítulo judicial. La administración de Javier Milei ratificó su rechazo a la ley y anticipó que agotará todas las instancias legales disponibles para evitar su implementación.
Desde el oficialismo sostienen que la norma tiene un fuerte impacto fiscal y que su aplicación requiere definir previamente las fuentes de financiamiento, en línea con la política de equilibrio de las cuentas públicas.
La ley, por su parte, establece mecanismos de actualización automática del presupuesto universitario en función de la inflación y contempla la recomposición de ingresos para el personal del sistema.
En la resolución de la Cámara los jueces no solo rechazaron la apelación del Gobierno, sino que además cuestionaron la solidez de sus argumentos, calificándolos como “poco serios” al momento de justificar la no aplicación de la norma.
El fallo obliga al Ejecutivo a cumplir con artículos clave de la ley, que contemplan la recomposición salarial entre 2023 y 2025 y la actualización de las becas estudiantiles en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en medio de un fuerte debate político. Tras su sanción, el presidente la vetó, pero el Poder Legislativo insistió con la norma, lo que profundizó la disputa institucional.
Desde entonces, el Gobierno mantuvo su postura crítica y llegó incluso a suspender su aplicación mediante un decreto, lo que derivó en presentaciones judiciales por parte de actores del sistema universitario.
Con la apelación a la Corte Suprema, el conflicto entra en una nueva etapa. La resolución del máximo tribunal será clave para definir si el Gobierno debe aplicar de manera inmediata la ley o si puede sostener su estrategia de resistencia.
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