La Universidad de Mar del Plata pidió sostener la Ley de Financiamiento y advirtió por recortes
Planteó una mirada crítica sobre decisiones legislativas y políticas que, según advierte, comprometen los pilares fundamentales del sistema universitario y el entramado social.
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El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata emitió un pronunciamiento durante la primera sesión de su nueva gestión, en el que celebró la decisión de la Cámara de Diputados de sostener la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, pero expresó una profunda preocupación por el rumbo de las políticas nacionales que afectan a la educación pública, la ciencia y los derechos laborales.
El comunicado planteó una mirada crítica sobre decisiones legislativas y políticas que, según advierte, comprometen los pilares fundamentales del sistema universitario y el entramado social. En ese marco, señaló que el proyecto de Presupuesto Nacional trasciende lo técnico y refleja una orientación que aplica recortes innecesarios a las políticas públicas, favorece a sectores económicos concentrados y traslada el costo del ajuste a la educación, la ciencia y la inclusión social.
Por esta razón, el Consejo exhortó al Senado de la Nación a ratificar lo resuelto por Diputados en materia presupuestaria, al considerar estas leyes como herramientas esenciales para garantizar igualdad de oportunidades. Advirtió que su vaciamiento constituiría una decisión política que profundiza la exclusión.
El documento también subrayó que el desfinanciamiento de la ciencia tiene consecuencias concretas sobre las trayectorias de becarios, investigadores y jóvenes científicos, debilitando la soberanía cognitiva del país y desvalorizando el conocimiento. En paralelo, instó al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir de manera efectiva con la Ley de Financiamiento vigente para asegurar salarios, investigación e inclusión, y solicita al Poder Judicial un pronunciamiento urgente y favorable sobre el amparo presentado por el sistema universitario nacional para resguardar el derecho a la educación pública.
Asimismo, el Consejo Superior extendió su preocupación al proyecto de reforma laboral actualmente en debate, al que considera otra expresión del ajuste presupuestario. Cuestionó la falta de un debate democrático amplio y objetó el trámite parlamentario por considerarlo contrario a la Constitución, dado que la iniciativa corresponde a la Cámara de Diputados. Entre los aspectos más críticos, mencionó el cese del Convenio Colectivo de Trabajo, la eliminación de la negociación colectiva, la modificación del principio de ultractividad y un ataque al financiamiento sindical y al derecho a huelga. Advirtió que su aprobación afectaría gravemente los derechos laborales y el normal funcionamiento de las universidades.
Frente a este escenario, el Consejo planteó la necesidad de un debate nacional serio que permita incorporar al trabajo registrado a millones de personas en la informalidad, pero rechazó que la salida sea la supresión de derechos o la precarización. Finalmente, ratificó su compromiso con la Democracia, los derechos humanos y la Constitución Nacional, y convocó a la comunidad universitaria y a la sociedad a visibilizar el papel crucial de la universidad en el desarrollo y el progreso del país.
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