“La reforma laboral del Gobierno avanza sobre derechos y profundiza la precarización”
Un informe del Centro de Economía Política Argentina advierte que los cambios impulsados por el Gobierno recortan derechos laborales, abaratan los despidos y debilitan la organización sindical, mientras favorecen a las empresas con rebajas impositivas y menor regulación.
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Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional implica un fuerte retroceso en derechos históricos de los trabajadores, debilita a los sindicatos y facilita una transferencia millonaria de recursos desde el trabajo hacia el capital. Bajo el discurso de la “modernización”, el documento señala que se consolida un esquema de mayor precarización, salarios más inestables y despidos más baratos.
Según el análisis, uno de los cambios más sensibles es la posibilidad de fraccionar las vacaciones en tramos más cortos. Aunque la norma habla de acuerdos entre empleador y trabajador, el CEPA remarca que en la práctica la negociación individual es desigual y termina dejando al trabajador con menos capacidad real de decisión sobre su descanso anual.
Otro punto crítico es la llamada “jornada flexible” o banco de horas. Con este esquema, las empresas podrían extender la jornada diaria hasta 12 horas sin pagar horas extra, compensando esas horas en otros momentos según su conveniencia. En los hechos, el trabajador perdería control sobre su tiempo: sabría a qué hora entra, pero no cuándo termina su jornada, lo que dificulta estudiar, organizar la vida familiar o simplemente descansar.
El informe también alerta sobre la posibilidad de reducir el salario luego de una enfermedad o accidente laboral. Hasta ahora, la ley impedía rebajar el sueldo en esos casos, pero la reforma habilita ajustar la remuneración si el trabajador vuelve con tareas livianas o jornada reducida, trasladando el costo de la incapacidad al propio empleado.
Uno de los capítulos más duros está dedicado a los trabajadores de plataformas digitales. Uber, Rappi, PedidosYa y otras aplicaciones quedan explícitamente excluidas de la ley laboral. Esto significa que repartidores y conductores seguirán sin salario mínimo, aguinaldo, vacaciones pagas, aportes jubilatorios ni cobertura plena por accidentes. El CEPA señala que este sector crece no por un boom de oportunidades, sino como resultado del deterioro del empleo formal. Para no caer bajo la línea de pobreza, un repartidor necesita realizar más de 15 pedidos diarios todos los días del mes, con ingresos totalmente variables y sin garantías.
La reforma también introduce cambios profundos en el régimen de indemnizaciones. Se eliminan del cálculo conceptos clave como el aguinaldo, las vacaciones, las horas extra, premios y comisiones. Además, se crea el Fondo de Asistencia Laboral, que permite financiar indemnizaciones con recursos que hoy van al sistema previsional. En términos simples, despedir será más barato para las empresas y más costoso para la seguridad social.
En el plano judicial, el informe advierte que se habilita el pago de condenas laborales en hasta 12 cuotas, lo que dilata el cobro de créditos que tienen carácter alimentario. A esto se suma la incorporación de la caducidad de instancia en la Justicia Laboral, una figura que puede hacer caer miles de juicios si no se impulsan en plazos muy cortos, incluso cuando las demoras no son responsabilidad del trabajador.
El CEPA también señala un debilitamiento deliberado de la estructura sindical. La reforma reduce el financiamiento de sindicatos y obras sociales, elimina aportes solidarios, limita las horas gremiales de los delegados y promueve sindicatos por empresa, fragmentando la negociación colectiva. En paralelo, se amplía el listado de actividades consideradas esenciales, restringiendo de manera significativa el derecho de huelga.
Mientras se recortan derechos laborales, el informe subraya que la reforma incluye fuertes beneficios para el sector empresario. Se reducen contribuciones patronales, baja el impuesto a las Ganancias de sociedades y se eliminan impuestos internos a bienes de lujo. Todo esto implica, según las estimaciones del CEPA, una transferencia de miles de millones de dólares anuales desde el trabajo hacia el capital.
El documento también repasa antecedentes históricos y encuentra similitudes con las reformas de los años 90 y del macrismo. En ambos casos, la flexibilización laboral no generó más empleo de calidad, sino mayor informalidad, pérdida de puestos registrados y cierre de empresas. De hecho, desde la asunción de Javier Milei ya se perdieron más de 138 mil empleos registrados privados y cerraron cerca de 20 mil empresas.
Para el CEPA, lejos de modernizar el mundo del trabajo, la reforma consolida un modelo donde el empleo estable deja de ser la norma, los derechos pasan a ser negociables y el riesgo económico recae casi exclusivamente sobre los trabajadores. Un esquema que, advierte el informe, profundiza la desigualdad y debilita la cohesión social, mientras se presenta como inevitable bajo el argumento del ajuste y la libertad económica.
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