La Provincia refuerza los controles sobre obras hidráulicas irregulares y apunta a desarrollos privados
El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un endurecimiento de los controles sobre las obras hidráulicas realizadas sin autorización, con especial atención en los barrios cerrados y emprendimientos inmobiliarios privados. La medida busca prevenir alteraciones en el escurrimiento natural del agua que puedan generar o agravar situaciones de anegamiento e inundaciones.
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La decisión quedó plasmada en la Resolución 46/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que actualiza y unifica los procedimientos de fiscalización, reemplazando normativas vigentes desde principios de los años 2000. A partir de este marco, se establecen mecanismos más ágiles para detectar, denunciar y sancionar intervenciones hidráulicas clandestinas, como canalizaciones, terraplenes o movimientos de suelo que afecten cursos de agua.
Entre los cambios principales se destaca la ampliación de los actores habilitados para iniciar denuncias. Además de los organismos provinciales competentes, los municipios y los propios ciudadanos podrán informar sobre obras sospechadas de no contar con los permisos correspondientes.
La normativa pone el foco en los barrios cerrados y desarrollos privados, donde este tipo de intervenciones suele realizarse dentro de predios particulares, pero igualmente requiere autorización provincial según lo establece el Código de Aguas. Desde la Provincia advierten que estas obras, aun cuando se ejecuten en terrenos privados, pueden impactar negativamente en zonas linderas y en la red hidráulica general.
Otra de las herramientas incorporadas es el uso de imágenes satelitales de alta resolución para constatar posibles irregularidades, especialmente en aquellos casos en los que no sea posible acceder físicamente a los predios. Esta tecnología permitirá ampliar el alcance de los controles y acelerar los procesos de verificación.
El procedimiento prevé plazos para que los responsables presenten la documentación correspondiente. En caso de no acreditar la autorización, la obra podrá ser declarada clandestina, con la aplicación de sanciones económicas y la obligación de desactivar la intervención y restituir el terreno a su estado original. Si no se cumple con esa intimación, la Provincia podrá ejecutar las tareas necesarias, con costos a cargo del propietario.
Con esta medida, las autoridades provinciales buscan fortalecer la prevención frente a eventos climáticos intensos y avanzar en un mayor control sobre prácticas que, en muchos casos, alteran el funcionamiento del sistema hidráulico y generan consecuencias en áreas urbanas y rurales.
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