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    La Provincia le otorgó más facultades al Astillero Río Santiago para agilizar contratos y litigios

    El gobierno bonaerense autorizó a las autoridades del ente a firmar acuerdos comerciales, avanzar en acciones judiciales y gestionar bienes del predio con mayor autonomía.

    08 de mayo de 2026 - 13:15
    El decreto también habilita a las autoridades del astillero a gestionar y disponer de materiales o bienes abandonados.
    El decreto también habilita a las autoridades del astillero a gestionar y disponer de materiales o bienes abandonados.
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    El gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó un decreto que amplía las facultades operativas y administrativas del Astillero Río Santiago, con el objetivo de agilizar la firma de contratos comerciales y la gestión de litigios vinculados a la actividad industrial y naval del organismo.

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      La medida fue dispuesta por el gobernador Axel Kicillof y publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense. A partir de ahora, el presidente del ente administrador podrá suscribir y aprobar contratos, convenios y otros actos jurídicos relacionados con el funcionamiento del astillero.

      El decreto también establece que, en caso de vacancia temporal, esas atribuciones podrán ser ejercidas por el vicepresidente y, ante la ausencia de ambas autoridades, por el gerente general.

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      La decisión se produce en medio de las discusiones políticas sobre el futuro de las empresas estatales y en un contexto de presión sobre la industria naval. Además, el organismo continúa bajo conducción interina desde la renuncia de Pedro Wasiejko, ocurrida hace nueve meses, con Gonzalo Ibendahl al frente de la gestión.

      Según detalla la normativa, las nuevas facultades abarcan contratos para el desarrollo, explotación y comercialización de actividades vinculadas a la industria naval y metalúrgica, además de acuerdos relacionados con maquinaria, equipamiento y servicios específicos del sector.

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      El decreto también habilita a las autoridades del astillero a gestionar y disponer de materiales o bienes abandonados, considerados rezago o que representen riesgos ambientales y operativos dentro del predio.

      Asimismo, el ente quedó facultado para impulsar actuaciones judiciales y arbitrales tanto en el país como en el exterior, mediante la intervención de la Fiscalía de Estado. En ese marco, podrán celebrarse acuerdos procesales como conciliaciones, desistimientos o transacciones conforme a la legislación vigente.

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