La oposición impulsa una ley para limitar actos de campaña en actos oficiales y apunta contra Kicillof
En medio de la creciente tensión política en la provincia de Buenos Aires, sectores de la oposición avanzaron con un proyecto de ley que busca prohibir la utilización de actos oficiales con fines de campaña, una iniciativa que pone en el centro de la escena al gobernador bonaerense.
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El proyecto fue presentado por el diputado bonaerense Andrés De Leo y propone regular la “promoción personal de autoridades” durante inauguraciones de obras públicas y actividades institucionales. La iniciativa apunta a establecer límites claros entre la gestión de gobierno y la actividad proselitista.
Según se detalla en el texto, la ley busca impedir que funcionarios utilicen recursos del Estado para posicionarse políticamente en actos oficiales, una práctica que desde la oposición consideran habitual en períodos preelectorales.
En concreto, la propuesta establece restricciones a la difusión de nombres, imágenes o consignas partidarias durante eventos financiados con fondos públicos, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y equidad en la competencia electoral.
El impulso del proyecto se da en un contexto donde la oposición viene cuestionando al gobierno bonaerense por lo que considera un uso sistemático de inauguraciones y anuncios de gestión como plataformas de campaña.
Si bien la iniciativa no menciona de manera explícita a Kicillof en su redacción, el trasfondo político es evidente. A través de ella, se busca limitar la exposición del mandatario en actos oficiales en momentos clave del calendario electoral.
Desde el oficialismo, en tanto, no hubo una respuesta formal al proyecto, aunque en otras ocasiones dirigentes cercanos al gobernador defendieron este tipo de actividades como parte de la gestión y la obligación de rendir cuentas a la sociedad.
La iniciativa deberá atravesar el debate en la Legislatura bonaerense, donde el oficialismo mantiene una posición de peso que podría dificultar su avance. En este contexto, el proyecto de De Leo se perfila más como una herramienta de presión política que como una ley de aprobación inmediata, en un contexto donde la campaña ya empieza a marcar el ritmo de la agenda pública.
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