La “Ley Hojarasca” ingresó al Congreso para su tratamiento
El Gobierno nacional formalizó el envío al Congreso del proyecto, una iniciativa que busca derogar más de 70 leyes vigentes que, según el Ejecutivo, quedaron desactualizadas, carecen de aplicación práctica o generan restricciones innecesarias.
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Impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el proyecto forma parte de la estrategia oficial para simplificar el entramado normativo y avanzar en un proceso más amplio de reformas estructurales.
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la propuesta apunta a “ordenar el sistema normativo” mediante la eliminación de leyes que perdieron vigencia, coherencia o compatibilidad con el marco constitucional actual.
La iniciativa contempla la derogación de normas que fueron superadas por legislación posterior, así como otras que quedaron desfasadas en el tiempo, los cambios tecnológicos o la evolución económica.
El Ejecutivo sostiene que el objetivo es reducir la burocracia y evitar superposiciones legales que dificultan el funcionamiento del Estado y la actividad privada.
Entre las normas incluidas en el proyecto se mencionan leyes que incentivaban actividades productivas ya inexistentes o regulaban aspectos tecnológicos que cambiaron radicalmente.
También se propone eliminar regulaciones que, según el oficialismo, afectan libertades individuales, como aquellas que habilitaban controles sobre la prensa, reuniones privadas o expresiones culturales.
El paquete incluye además leyes que quedaron sin efecto práctico porque refieren a organismos que ya no existen o establecen requisitos considerados obsoletos, como credenciales específicas para ciertas actividades o disposiciones sanitarias superadas.
Desde el entorno oficial remarcaron que el criterio central de la “Ley Hojarasca” es que el derecho debe funcionar como una herramienta para garantizar la libertad, y no como un mecanismo de regulación innecesaria.
En esa línea, el proyecto se enmarca en la política de desregulación impulsada por la administración nacional, que ya había avanzado en esa dirección con otras medidas orientadas a reducir la intervención estatal y simplificar normas.
El ingreso del proyecto al Congreso abre ahora una nueva etapa de discusión legislativa, donde la iniciativa deberá ser analizada en comisiones y debatida por los distintos bloques políticos.
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