La Justicia porteña frenó el avance de las obras de demolición del histórico Luna Park
La Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este lunes una medida cautelar que impide al Gobierno de la Ciudad avanzar con los trámites relacionados con el proyecto de demolición del emblemático Luna Park, uno de los espacios culturales y deportivos más icónicos del país.
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La Sala III del fuero porteño rechazó la apelación presentada por la administración local contra una resolución de primera instancia que había ordenado la suspensión inmediata de cualquier obra o gestión vinculada al plan impulsado por la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR). La decisión se adoptó tras el dictamen del fiscal ante cámara Juan Octavio Gauna, cuyos fundamentos fueron compartidos por los jueces del tribunal.
El proyecto cuestionado, aprobado por disposición administrativa (1283/DGIUR/25), proponía intervenciones profundas en el interior del estadio —incluida la demolición de gran parte de su estructura— con el objetivo de ampliar su capacidad de 8.400 a más de 11.000 espectadores y modernizar el edificio. Según los especialistas que acompañan la demanda, estas obras implicarían modificaciones que exceden lo permitido por las normas de protección patrimonial, ya que el Luna Park fue declarado Monumento Histórico Nacional y cuenta con nivel de Protección Estructural en el Código Urbanístico porteño.
Los técnicos que respaldan la presentación judicial advirtieron que la propuesta constituye “una demolición encubierta” y que la pérdida de los componentes patrimoniales del edificio sería prácticamente total, contraviniendo la normativa vigente. Según estos informes, las intervenciones previstas incluyen la alteración de la cubierta, el aumento del volumen del inmueble y la modificación sustancial de su fachada, acciones expresamente prohibidas en inmuebles con protección estructural.
La medida judicial se da en el marco de varias acciones legales contra intervenciones urbanísticas impulsadas por el Gobierno porteño en edificios protegidos. Grupos de la sociedad civil y especialistas en patrimonio habían presentado amparos colectivos alegando que las autorizaciones oficiales ignoraban regulaciones claras y ponían en riesgo un legado histórico de valor cultural y social.
Ahora, la causa vuelve al juzgado de primera instancia, donde la magistrada a cargo deberá decidir si otorga la cautelar solicitada por los demandantes —que piden suspender indefinidamente los efectos de la disposición administrativa hasta la sentencia final— o si habilita el avance del plan promovido por la Ciudad.
El fallo de la Cámara representa un revés para la administración porteña, que había defendido el proyecto como una forma de revitalizar el histórico estadio y adaptarlo a nuevas necesidades. Sin embargo, para los críticos, la decisión judicial es una victoria en la defensa del patrimonio urbano y la memoria colectiva de Buenos Aires, una ciudad donde —advierten— una vez demolido un edificio histórico, no hay vuelta atrás.
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