Caso del pastor Tagliabué: apelan la absolución del acusado de explotar y someter a jóvenes
Los fiscales cuestionaron duramente el fallo del Tribunal Oral Federal, al que calificaron de arbitrario y en contra de las leyes vigentes. Reclamaron que el pastor sea condenado a 14 años de prisión y alertaron sobre la “gravedad institucional” del caso
La fiscal Laura Mazzaferri, junto al fiscal general Marcelo Colombo –referente de PROTEX–, presentó un recurso de casación para revertir la absolución del pastor evangélico Roberto Tagliabué, responsable de la iglesia El Shaddai. El mes pasado, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata lo había dejado libre de culpa y cargo, pero los fiscales piden que se lo condene a 14 años de prisión, tal como habían solicitado durante el juicio, por trata de personas y otros delitos.
Tagliabué había llegado acusado de haber armado un sistema de explotación que involucraba a jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Según la fiscalía, los reclutaba bajo la excusa de brindarles contención, tratamiento por consumos problemáticos y un lugar donde vivir, pero terminaba reduciéndolos a una situación de servidumbre. Además, señalan que explotaba a nueve víctimas —entre ellas un menor y una persona con discapacidad— y que incluso ejercía ilegalmente la medicina.
En el recurso, los fiscales sostienen que el fallo que lo absolvió es ilegal y debe ser revocado. Le pidieron a la Cámara de Casación que imponga la pena de 14 años, que inhabilite de por vida a Tagliabué para cualquier actividad vinculada a la salud, la asistencia terapéutica o la dirección de programas comunitarios, y que ordene la reparación integral de las víctimas. También reclamaron que se decomisen los bienes y propiedades que —afirman— fueron usados para cometer los delitos.
La investigación expuso que el pastor utilizaba la iglesia, un comedor comunitario, dos comercios de su propiedad y un supuesto programa cristiano de rehabilitación para explotar laboralmente a los jóvenes. Según la fiscalía, no solo se beneficiaba con el trabajo de las víctimas sino también con sus ingresos: pensiones por discapacidad, AUH y otros subsidios. Todo esto habría ocurrido durante más de dos décadas, tiempo en el que Tagliabué se consolidó como referente barrial y acumuló poder e influencia.
A pesar de la cantidad de pruebas presentadas, el juez federal Roberto Falcone entendió lo contrario y lo describió como un “benefactor social” que brindaba ayuda donde el Estado no llegaba. Con ese argumento, lo absolvió y ordenó su inmediata liberación. Solo lo condenó por comercialización de fauna silvestre y maltrato animal, una pena de seis meses ya cumplida con la prisión preventiva. La fiscalía sostiene que el magistrado desestimó pruebas claves, interpretó mal escuchas telefónicas y le dio un peso desproporcionado a los testimonios que defendían al pastor, dejando de lado los relatos de quienes lo denunciaban.
Para Mazzaferri y Colombo, la sentencia incurre en arbitrariedades graves y desconoce normas básicas de protección a las víctimas. Aseguran que el juez reveló identidades, no respetó los dispositivos especiales previstos para estos casos y aplicó una mirada “romántica” que ignora la dinámica real de la trata: aislamiento, manipulación emocional y religiosa, control de comunicaciones, amenazas y explotación económica. Según ellos, nada de lo ocurrido puede tomarse como “ayuda” o “contención recíproca”, sino como una relación de poder y sometimiento construida durante años.
Fuente: www.fiscales.gob.ar

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