La cuarentena, ¿pone en crisis la justicia y la verdadera naturaleza de la función de los Colegios profesionales?

Luego de algo más de 7 semanas de haberse dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) que significó la también, total, paralización del Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires es necesario realizar algunas consideraciones que servirán para conocer el estado de situación profesional de los abogados, el rol que verdaderamente cumplen los Colegios que nos nuclean y el status de atención hacia la Justicia de parte quienes tienen el poder decisión.

Sabido es que, desde el año 2016 en forma optativa y obligatorio a partir del Ac.3886/18 en el mes de Junio de 2018, los abogados han trabajado con herramientas tecnológicas que evitan de manera significativa la concurrencia constante a los órganos judiciales y de esa forma no tener contacto social tan masivo como era habitual cuando la tramitación de las causas judiciales era íntegramente con papel.

Y, más recientemente, desde el pasado 27 de abril ha entrado en vigencia el Acuerdo Nº3975 de la SCBA que establece el expediente íntegramente digital, es decir que en plena suspensión de actividades la Corte Provincial implementó la obligatoriedad absoluta y definitiva de tramitar los procesos judiciales bajo la forma digital, dejando atrás el vetusto sistema del papel.
Así es que los procedimientos judiciales se han aggiornado, se cuenta con mecanismos absolutamente novedosos que vienen de la mano de la simplificación de tramitaciones burocráticas y, al mismo, tiempo, sin asistir a tomar vista, analizar causas, analizar expedientes en forma personal en los pasillos de los tribunales y mucho menos para efectuar presentaciones. Es decir que ya no se percibe la afluencia intensa y masiva de profesionales (abogados y peritos) a las sedes de los organismos judiciales.

La tecnología ha penetrado en cada aspecto de la sociedad, sea privado, institucional o político desafiando el “statu quo” y desde la óptica jurídica se ha logrado mejorar y ajustarse a las nuevas necesidades del mundo actual.

Pero al mismo tiempo, el Poder Judicial que, sin dudas, constituye un poder del Estado que las Constituciones Nacional y Provincial establece como órganos de gobierno en el Sistema Republicano, y lo mismo vale para el Poder Legislativo, se encuentran grotescamente cerrado en estas épocas, pero aquí en esta nota la atención la concentraremos en el Judicial.
No obstante, y unos días antes del DNU 320/20 (ASPO), el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires prematuramente ya había establecido una Feria Extraordinaria mediante la suspensión de los términos procesales y de la tramitaciones de expedientes con la argumentación, válida y razonable por esos días, de la declaración de la pandemia por el COVID 19 – CORONAVIRUS a través de la OMS.

Solo se dispuso un exiguo protocolo para atención de casos de urgencia, que lejos está cumplir con la manda del Art.15º de la Constitución local.
En atención al tiempo transcurrido, como así también las consecuencias sanitarias habidas en nuestra Provincia, y particularmente en nuestra ciudad, que derivan de la Pandemia reseñada es imperioso efectuar ciertas reflexiones para determinar las conclusiones que vislumbran sobre la consideración del Poder Judicial como órgano republicano, a la crisis profesional de los abogados y la naturaleza en la que está sumergida el Colegio Profesional.

Colocar a la Justicia y a los abogados, en su rol de operadores del derecho, en un permanente “Estado de Excepción”, término creado por Giogio Agamben, y descripto como: aquel instante de la vida humana donde “los hombres quedan en un estado de intemperie legal frente a un poder gubernamental opresor”, resulta inaceptable si lo miramos en la perspectiva del Siglo XXI y ante los cambios producidos por el mismo Poder Judicial para dotarse de eficacia, optimizando recursos, aprovechando los tiempos, acortando las demoras en resoluciones y, fundamentalmente, evitando la agrupamiento humano en cada sede judicial.

Pues cualquier decisión que deja de lado el Estado en su concepto constitucional de poder tripartito es inaceptable. Mirar al Estado solo desde la acción del Poder Ejecutivo, en cualquiera de sus niveles, es desafortunado y conduce a deformar la conciencia democrática.

En ese sentido, no podemos en el rol de ciudadanos, de sujetos de derecho, pero también de Abogados seguir conllevando la situación de parálisis casi total de la actividad profesional, de la mano de la paralización de un poder del Estado, de una actividad esencial que desde las esferas de los gobiernos nacional, provincial y municipal no son ni siquiera consideradas.

Aquí no estamos en una guerra, como tan mal se explicó por el presidente de la Nación al anunciar el A.S.P.O., no se aplican en ningún momento convenciones que rigen en los conflictos bélicos.

Aquí manda, y nos tutela, en toda su dimensión el Estado de Derecho, no el de Excepción, por eso es preciso que mientras transitamos las medidas de emergencia en el medio de la pandemia toda acción sanitaria y humanista, como asimismo cualquier decisión pública se funde en la Ley, que tiene como objeto el ordenamiento hacia el bien común, algo que nunca se debe perder de vista aun en los momentos más arduos y oscuros de la vida del hombre en este siglo que transitamos.

Permanecer en la indecisión, no exigir con los fundamentos de rigor a los órganos del poder judicial y someterse a decisiones que acorralan la dignidad de quienes elegimos abrazar una profesión para ser auxiliares de la Justicia pone en tela de juicio hasta donde los colegios profesionales sirven al abogado en momentos de crisis y dificultades terminales, sin siquiera elevar la voz para enfrentar las dificultades y permitir que las medidas de cuidado sanitario sean atendidas sin desmerecer el trabajo que la sociedad necesita de los abogados.

No confiar en los propios abogados, y no exigir de manera permanente e incansable, por parte de los colegios profesionales que los nuclean, para cumplir a rajatablas medidas de prevención y protección como cualquier otra persona que cumple con actividades esenciales (trabajadores mercantiles, de la salud, de farmacias, de ferreterías, etc) hace sentir el poco apego a la función que se debe cumplir en momentos críticos.

Es hora de declinar esa ambigüedad entre quedar bien con quienes tienen la toma de decisiones sin comulgar con los intereses que nos protegen y defender los valores que supieron engrandecer a la profesión de abogado.-
A veces elegir el lugar de la comodidad es sumamente decepcionante, y al mismo tiempo peligroso. Aun se está a tiempo y, fundamentalmente, depende de quienes deban sacudir la modorra en estos tiempos culmines.