La CGT define una doble vía judicial contra la reforma laboral
La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizó este lunes por la mañana a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en una muestra de apoyo a las presentaciones judiciales con las que buscará frenar la puesta en marcha de la nueva ley de modernización laboral sancionada la semana pasada en el Senado.
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Tras la sanción de la ley, considerada por el Gobierno de Javier Milei como un paso clave para “modernizar” el mercado de trabajo, la principal central sindical del país definió una doble estrategia legal: presentaciones tanto en el fuero laboral como en el contencioso administrativo, con el objetivo de cuestionar la constitucionalidad de diversos artículos de la ley.
Según fuentes de la CGT, la reforma laboral representa “una afectación grave de derechos colectivos e individuales” y vulnera principios constitucionales como la progresividad de los derechos laborales y la protección frente al despido arbitrario. En particular, la central cuestiona normas que regulan el derecho de huelga en sectores esenciales, estableciendo servicios mínimos obligatorios durante medidas de fuerza, así como cambios en la negociación colectiva y otros derechos garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Dirigentes de la CGT y delegados sindicales realizaron una marcha testimonial hasta Plaza Lavalle para acompañar las demandas que sus equipos legales presentarán ante ambas jurisdicciones.
El proyecto de reforma laboral, impulsado por el Ejecutivo y aprobado por el Senado con 42 votos a favor y 28 en contra (tras la incorporación de modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados) es una de las iniciativas más debatidas en el inicio del año legislativo.
La nueva normativa redefine aspectos centrales de las relaciones laborales, como la modificación en el régimen de negociación colectiva. Además, introduce mecanismos como el banco de horas, flexibiliza cuestiones indemnizatorias, y habilita esquemas de remuneración variable.
Desde el oficialismo sostienen que la reforma laboral facilitará la formalización del empleo y atraerá inversiones al país. Mientras que por otro lado, los sindicatos y sectores de la oposición alertan sobre una pérdida de derechos históricos, debilitamiento del poder de negociación de los trabajadores y mayor precarización laboral.
La judicialización es uno de los frentes de un conflicto que combina disputa política, protestas en las calles, y críticas cruzadas entre el sindicalismo y el oficialismo. En la Casa Rosada, funcionarios ya anticiparon que el Estado defenderá la validez de la normativa en todas las instancias y anticipan una batalla jurídica.
Mientras tanto, la CGT apuesta a consolidar un bloque amplio de sindicatos y organizaciones sociales para sostener la presión sobre la implementación de la ley y defender lo que considera “derechos irrenunciables” de los trabajadores argentinos.
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