La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal pidió revocar la concesión de Playa Dorada
Presentaron un extenso recurso ante el Municipio por considerar que la adjudicación a Desarrolladora Homs S.A. es nula por violar normas ambientales y carecer de participación ciudadana.
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La Asamblea por los Bienes Comunes de Chapadmalal solicitó formalmente al intendente Guillermo Montenegro que se revoque el Decreto 1647/25, que promulgó la Ordenanza 26732/25 sancionada por el Concejo Deliberante y que habilita la adjudicación de la Unidad Turística Fiscal Playa Dorada a la empresa Desarrolladora Homs S.A.
El colectivo vecinal, que agrupa a habitantes de los barrios cercanos al Paseo Costanero Sur, denunció en su presentación múltiples vicios de nulidad en el procedimiento administrativo, al que acusan de incumplir leyes ambientales, violar principios constitucionales y no garantizar participación ciudadana.
“El procedimiento sancionatorio conculca presupuestos mínimos ambientales constitucionalmente protegidos. Este acto de gobierno pone en riesgo el estado natural del Paseo Costanero Sur, un bien preciado en peligro de intervención urbanística”, sostienen en el escrito.
Entre los puntos centrales del recurso, se destaca que la licitación fue promovida sin contar previamente con una Evaluación de Impacto Ambiental, un requisito obligatorio según la Ley Provincial 11.723. Además, señalan que el plano de mensura que delimita la unidad no cuenta con el visado de la Autoridad del Agua, como exige la Ley 12.257, lo que también configura un vacío legal.
También apuntan contra la falta de intervención de áreas técnicas como la Dirección de Gestión Ambiental, la Comisión de Ambiente del Concejo Deliberante y la Unidad de Gestión Integral del Paseo Costanero Sur, creada en 2020 para evaluar la viabilidad de este tipo de proyectos.
“Se trata de un acto viciado de legalidad que fue aprobado sin licencia social, sin consulta pública y sin transparencia”, señalaron desde la Asamblea.
Ausencia de participación y violaciones al Acuerdo de Escazú
Uno de los ejes más fuertes de la revocatoria es la falta de participación ciudadana temprana, lo que según el documento, viola el Acuerdo de Escazú, tratado ambiental de jerarquía supralegal en Argentina.
Desde octubre de 2024, aseguran, vecinos y organizaciones solicitaron sin éxito el uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante y presentaron peticiones que nunca fueron respondidas.
“Negar la participación ciudadana contradice incluso la jurisprudencia local. No se trata de rechazar el turismo, sino de exigir un desarrollo sustentable, legal y con control público”, remarcan.
Un área de valor ambiental y científico
La Asamblea también destaca el valor geológico, paleontológico y ambiental del sector. Los acantilados de Chapadmalal son considerados de interés científico nacional por el SEGEMAR y forman parte de una reserva que alberga especies autóctonas y relictos de ecosistemas pampeanos.
“Estas tierras forman parte de un patrimonio que debe ser preservado. La Declaración de Impacto Ambiental es una obligación, no una opción”, afirman.
Riesgos de sobrecarga ambiental
Otro de los puntos de preocupación es la falta de infraestructura básica en la zona sur del partido, que ya ha registrado incidentes de contaminación en balnearios vecinos por vuelcos cloacales y aguas grises.
“La ausencia de planificación integral y obras de saneamiento hace inviable cualquier nuevo emprendimiento sin agravar los problemas ya existentes”, advierten.
Como medidas urgentes, la Asamblea solicita:
La revocatoria del decreto y la ordenanza
La suspensión inmediata del proceso licitatorio
Una Evaluación Ambiental Estratégica integral
Un nuevo plan de desarrollo costero con participación ciudadana
El visado del plano por la autoridad hídrica provincial
Finalmente, el escrito concluye con una advertencia: si no se revierte la medida, quedará agotada la vía administrativa y el colectivo se reserva el derecho de accionar judicialmente, incluyendo la posibilidad de denunciar responsabilidades civiles, administrativas y penales de los funcionarios intervinientes.
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