Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU suspendió todas las apelaciones y refuerza el fallo favorable a la Argentina
En un nuevo giro clave en el litigio internacional por la expropiación de YPF, la Cámara de Apelaciones de Nueva York resolvió suspender todas las apelaciones vinculadas al caso, en una decisión que consolida el reciente fallo favorable a la Argentina y redefine el escenario judicial.
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La medida, conocida este lunes, implica que quedarán en pausa todas las instancias abiertas en el proceso, incluidas las presentaciones tanto del Estado argentino como de los demandantes, hasta que se resuelva de manera definitiva la validez del fallo principal.
El tribunal adoptó esta decisión en línea con la resolución previa que dejó sin efecto la condena que obligaba al país a pagar unos 16.000 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, principales impulsores de la demanda.
Especialistas en el caso explicaron que la suspensión no implica el cierre del litigio, sino una pausa procesal mientras los demandantes evalúan sus próximos pasos. Entre las alternativas, se encuentran solicitar una reconsideración ante la misma Cámara o recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
En este contexto, también quedan congeladas otras apelaciones relacionadas, como la que había presentado la Argentina contra la orden judicial que exigía la entrega de acciones de la petrolera como parte de garantía.
El fallo original, dictado en primera instancia, había determinado que el Estado argentino debía compensar a accionistas minoritarios tras la nacionalización de YPF en 2012. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revirtió esa decisión al considerar que no correspondía aplicar esa interpretación bajo la legislación argentina, lo que significó un fuerte respaldo a la posición del país.
Con la suspensión de las apelaciones, el proceso entra en una etapa de relativa quietud, a la espera de que se definan los recursos pendientes. Mientras tanto, el Gobierno interpreta la medida como una señal positiva que otorga mayor previsibilidad y alivio frente a un reclamo millonario que durante años representó una amenaza para las finanzas públicas.
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