Juicio por YPF: el Gobierno rechazó entregar información sobre las reservas de oro del Banco Central y pidió frenar el discovery en EE.UU.
La Argentina solicitó formalmente a un tribunal de Estados Unidos que suspenda los pedidos de información ordenados en la causa por la expropiación de YPF, al considerar que son intrusivos, desproporcionados y violan la soberanía nacional.
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La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) presentó un pedido ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para suspender el proceso de discovery y rechazar una moción de desacato impulsada por los demandantes en el litigio por la expropiación de YPF, que tramita bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.
Según fuentes oficiales, el Estado argentino denunció un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano” mediante pedidos “intrusivos y desproporcionados” que afectan la soberanía y las relaciones internacionales. Desde la PTN recordaron que, a diferencia de gestiones anteriores, desde diciembre de 2023 la Argentina cumplió plenamente con el discovery, entregando información “razonablemente relevante” en un volumen sin precedentes.
Pedidos “jurídicamente inaceptables” y el oro del Banco Central
Pese a ese cumplimiento, la Procuración advirtió que los demandantes escalaron los reclamos hacia requerimientos “inaceptables, invasivos y ajenos al objeto del proceso”. En particular, apuntó contra el fondo litigante Burford, que solicitó información sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.
Sobre este punto, el Gobierno fue categórico: las reservas son propiedad del Banco Central y están protegidas por la inmunidad de ejecución, por lo que no son activos ejecutables y cualquier pedido de información al respecto resulta improcedente.
La PTN sostuvo además que el discovery “se desnaturalizó” y pasó a ser una herramienta de hostigamiento destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado, y denunció que los demandantes expresaron su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica, una conducta calificada como “inaceptable jurídica y moralmente”.
Finalmente, el Estado ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y frenar pedidos ilegítimos que vulneran las leyes, la Constitución y los principios del derecho internacional.
Fuente: TN
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