Intermediación financiera: evalúan apelar el fallo a la Corte Suprema
Las defensas de los 25 imputados en la megacausa por una presunta organización dedicada al lavado de dinero ya evalúan elevar una presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para apelar la reciente resolución de la Cámara de Casación Penal, que revocó los sobreseimientos que había concedido la Cámara Federal local.
Gustavo Marceillac, el abogado de uno de los acusados, le explicó a El Marplatense que tratarán de coordinarse estrategias con el resto de los letrados para definir si también se decide dar "consentimiento" a este último dictamen judicial.
"Veremos esta posibilidad o si vamos a la Corte para que de vuelta la resolución de la Cámara de Casación. Pero con la feria de por medio, hasta febrero no se vence nada así que tenemos todos esos días como para pensarlo tranquilo", manifestó.
Con respecto al curso del expediente, el representante legal de Ana María De Rosa dijo que ahora la causa deberá volver a la Cámara Federal para que en esta instancia los jueces resuelvan "todas las nulidades planteadas", por lo que también aclaró que el fallo de Casación no tiene carácter "definitivo".
"Esta era la primera de las nulidades que se plantearon y hay cuestiones fondos del procesamiento dictado por el juez, así que todo eso se tiene que retomar nuevamente y expedirse sobre todas las cuestiones que aún no se expidió y que podría derivar nuevamente en el sobreseimiento de los imputados", explicó.
LA CAUSA
En abril pasado, los jueces de la Cámara Federal de Mar del Plata entendieron que el informe no estableció fehacientemente a las personas que fueron alcanzadas por las escuchas telefónicas en el marco del inicio de la causa, generando que haya firmas que no estén realmente involucradas con la maniobra que estaba siendo analizada y, ante ello, habían resuelto el sobreseimiento de los imputados.
Sin embargo, los magistrados intervinientes de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, consideraron, entre otras cuestiones, que aquella circunstancia no revestía un vicio con entidad suficiente para nulificar el proceso.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, los 25 procesados intervinieron “en crímenes de los denominados ‘de guante blanco’ en los que quienes participan cuentan con todas las ventajas de aquella trama oscura para no ser descubiertos y para lograr la naturalización de situaciones que no hacen otra cosa que generar pobreza e inseguridad”.
En diálogo con el programa Hoy Es Mejor de Radio Mitre Mar del Plata, Laura Mazaferri, a cargo de la Fiscalía Federal N°1, había indicado que los investigados “hacían operaciones financieras marginales, por fuera del mercado formal de divisas”.
Consultada acerca de cómo actuaba la organización y sobre qué significa “Intermediación Financiera”, había respondido: “El delito de Intermediación Financiera es cuando alguna entidad funciona, como si fuese un banco, pero sin el permiso del Banco Central. Hacían varias operaciones como descuentos de cheques, préstamos y sin autorización del Banco Central. No había control del Estado. No había prevención, ante el posible lavado de dinero”.
Para los investigadores, “existían colocaciones de divisas como en paraísos fiscales como en Andorra”. “Para individualizar cada una de las operaciones, entre ellas la de Andorra, exige el análisis de una por una de la documentación secuestrada y de la apertura de los aparatos informáticos, donde se registraban esas operaciones”, había remarcado la fiscal, quien aclaró que estos trabajos “llevaron mucho tiempo y recursos”.
Los 25 imputados en la causa son Sergio Fares, Alberto y Fabián Durotovich, Donato Lamorte, Oscar Rigano, Juan Carlos García Navarro, Jorge Tuduri, Gerardo Irigoin, A.M.D.R, Ana María Touriño, Daniel Fernando Peña, Andrés González Fernández, Matías González Porini, Ángel Rojas, Marcelo Velázquez, Matías Ale, Rolando Gabriel Todaro, Rubén Salitori, Carlos y Ángel Morán, Santiago Indrigo Pastore, Federico Indrigo, David Brañeiro Quiñones y Facundo Fernández Baloira.
