Imputaron a siete acusados de narcotráfico y robos que operaban desde cárceles de Batán
La banda fue desarticulada tras 23 allanamientos y acusada de “organización criminal”. Secuestraron drogas, armas y vehículos. La Justicia ordenó prisión preventiva y restringió el uso de celulares intramuros.
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Siete personas fueron imputadas por integrar una “organización criminal” dedicada al narcotráfico, robos violentos y tráfico de armas, tras una investigación del Ministerio Público Fiscal que incluyó 23 allanamientos realizados el 14 de abril en Mar del Plata, donde se secuestraron drogas, siete armas de fuego y cinco vehículos, y se dispuso la prisión preventiva de los acusados.
La causa es llevada adelante por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide, quien formalizó la imputación contra los siete detenidos -dos mujeres y cinco varones- por conformar una asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal”.
Según la investigación, la banda no solo comercializaba estupefacientes, sino que también cometía robos violentos, usurpaciones, circulación ilegal de armas y otros hechos delictivos. A sus integrantes se les atribuyen delitos vinculados con la tenencia ilegal de armas de fuego y el comercio de drogas con fines de comercialización.
De acuerdo con la imputación, la organización era dirigida por al menos dos personas privadas de la libertad que operaban desde unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense en Batán: el hombre desde la Unidad Penal N°44 y la mujer desde la Unidad Penal N°50, mientras el resto cumplía distintos roles dentro de la estructura.
El fiscal Eyherabide explicó que durante la pesquisa se detectó “un despliegue criminal de diversos tipos penales, como robo, comercio de armas, numerosos actos de violencia y comercio de drogas, donde el eje centralizador era el territorio”.
Por estos hechos, los acusados también fueron imputados por asociación ilícita agravada en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley N° 27.786, conocida como Ley Antimafia, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.
La audiencia de formalización se realizó el 17 de abril ante el juez federal de Garantías Santiago Inchausti, quien convalidó las detenciones y los secuestros realizados durante los procedimientos.
Además, los imputados fueron acusados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en infracción a la Ley 23.737. Cuatro de ellos enfrentan también cargos por tenencia ilegal de armas de guerra.
El magistrado fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación y ordenó la prisión preventiva de los acusados por ese mismo período, con excepción de una mujer y una persona menor de edad, para quienes dispuso la medida por 30 días.
A pedido del Ministerio Público Fiscal, también se estableció la prohibición del uso de teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación no autorizados dentro de las unidades penitenciarias, ya que habrían sido utilizados para coordinar las maniobras delictivas. En ese marco, al principal acusado se le secuestraron siete teléfonos en su celda.
La investigación se inició a fines de septiembre de 2025 a partir de información aportada por la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Según la fiscalía, la organización funcionaba como una estructura cerrada y escalonada, integrada principalmente por dos clanes familiares y allegados.
Las intervenciones telefónicas permitieron establecer vínculos entre sus miembros y detectar maniobras para evadir controles policiales, así como delitos contra la propiedad, compraventa ilegal de armas y movimientos financieros destinados a sostener el circuito de comercialización de drogas.
Los allanamientos, coordinados por el auxiliar fiscal Hércules Giffi, permitieron secuestrar cocaína y marihuana, cuatro motocicletas, un automóvil, armas largas semiautomáticas con cargadores de alta capacidad, vehículos con pedido de secuestro activo, autopartes y armas con numeración limada.
Fuente: con información de Fiscales.gob.ar
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