Impulsan una ley para ordenar las transiciones en los gobiernos bonaerenses
En la antesala de un nuevo ciclo electoral en la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense Ricardo Lissalde presentó un proyecto de ley que busca regular el proceso de transición entre gestiones, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y previsibilidad en el traspaso de mando.
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La iniciativa cobra relevancia de cara a las elecciones de 2027, cuando el actual gobernador Axel Kicillof finalizará su segundo mandato consecutivo sin posibilidad de reelección. En ese contexto, el legislador plantea la necesidad de institucionalizar un proceso que, hasta ahora, se ha desarrollado sin una normativa específica y bajo criterios informales.
Según los fundamentos del proyecto, las transiciones en la provincia “se han llevado a cabo de acuerdo al uso y costumbre”, lo que ha derivado en resultados dispares según el nivel de diálogo político entre las administraciones salientes y entrantes.
La propuesta define a la transición como el período comprendido entre la proclamación de las autoridades electas y su asunción, e introduce la creación de dos órganos clave: un Consejo de Transición Saliente (integrado por funcionarios del gobierno en ejercicio) y un Consejo de Transición Entrante, designado por el mandatario electo. Ambos espacios tendrán la responsabilidad de coordinar el intercambio de información y elaborar informes sobre el estado de la administración pública.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el acceso a la información. En ese sentido, se establece que los informes de gestión deberán tener carácter de declaración jurada e incluir datos detallados sobre la situación presupuestaria, financiera, el nivel de endeudamiento, contratos vigentes, personal y concesiones, entre otros aspectos clave del funcionamiento estatal.
Además, la iniciativa fija plazos concretos: el gobierno saliente deberá entregar la documentación con al menos 30 días de anticipación al fin de su mandato, mientras que la gestión entrante contará con la facultad de requerir información adicional y elaborar un informe final que deberá publicarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la asunción.
El proyecto también contempla sanciones para aquellos funcionarios que obstaculicen el proceso de transición, al considerar estas conductas como un incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de eventuales responsabilidades administrativas o penales.
En sus argumentos, Lissalde subraya que el traspaso de mando no puede depender de la “buena voluntad” de las autoridades salientes y advierte sobre la necesidad de evitar conflictos derivados de la falta de información. En esa línea, propone establecer reglas claras que permitan transformar la transición en un proceso ordenado, colaborativo y transparente.
La iniciativa podría marcar un cambio estructural en la forma en que se gestionan los cambios de gobierno en la provincia, apuntando a reducir tensiones políticas y garantizar continuidad institucional.
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