Fuerte rechazo del STM al control por celular: “Vulnera derechos fundamentales de los trabajadores”
Lo aseguró Daniel Zacarías, secretario general del Sindicato de Municipales, quien alertó que la medida “constituye una indebida intromisión en la esfera de intimidad”.
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El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Daniel Zacarías, expresó “su profunda preocupación y su firme rechazo” ante la intención del Ejecutivo municipal de implementar un sistema de control de ingreso y egreso mediante teléfonos celulares personales, al considerar que la medida “vulnera derechos fundamentales de los trabajadores”.
En ese sentido, advirtió que la utilización de dispositivos personales como herramienta de control laboral “constituye una indebida intromisión en la esfera de intimidad de los trabajadores”, ya que los celulares “forman parte del ámbito privado de cada persona y contienen información personal, comunicaciones, datos sensibles y elementos propios de la vida familiar y social”.
Según planteó, “pretender convertir esos dispositivos en instrumentos de control administrativo implica trasladar al ámbito doméstico y personal una función de supervisión que corresponde exclusivamente al empleador”.
Zacarías remarcó además que la iniciativa podría entrar en conflicto con garantías constitucionales, al señalar que “la Constitución Nacional, en sus artículos 14 bis y 19, garantiza el respeto a la dignidad del trabajador y la protección de su esfera privada frente a injerencias indebidas”.
En la misma línea, subrayó que “el derecho a la protección de los datos personales consagrado por la Ley N°25.326” exige que cualquier sistema de recopilación de datos se rija por “criterios claros de finalidad, proporcionalidad y consentimiento informado”. Frente a ello, sostuvo que el uso de aplicaciones que registren horarios o ubicación “abre interrogantes serios respecto del tratamiento de información personal y del alcance real de los datos que podrían ser recolectados”.
Por otra parte, consideró que la medida es “jurídicamente improcedente”, al entender que “exigir a los trabajadores que utilicen herramientas propias para el cumplimiento de obligaciones laborales” contradice el principio según el cual “es el empleador quien debe proveer los medios necesarios para la organización y control del trabajo”. En ese marco, afirmó que trasladar esa carga “implica una forma indirecta de imponer la utilización de bienes personales para fines institucionales sin compensación alguna”.
En relación con el ámbito del empleo público municipal, el dirigente señaló que la relación laboral se rige por la normativa estatutaria vigente -en particular, la Ley Provincial N°14.656-, que “reconoce derechos y garantías que no pueden ser alterados unilateralmente por decisiones administrativas”. Por ello, sostuvo que “la implementación de nuevos sistemas de control laboral constituye una modificación en la organización del trabajo” que “debe ser previamente discutida en el marco de las instancias de diálogo institucional y negociación colectiva”.
Asimismo, advirtió sobre posibles desigualdades en la aplicación del sistema, al indicar que “no todos los trabajadores cuentan con teléfonos inteligentes compatibles, conectividad permanente o disponibilidad de datos móviles”, lo que podría generar “situaciones de desigualdad y potenciales conflictos en la registración de la asistencia”. A su vez, señaló que un esquema de estas características “trasladaría al trabajador costos operativos que corresponden al empleador, tales como consumo de batería, datos móviles y mantenimiento del dispositivo”.
Finalmente, Zacarías dejó en claro que el sindicato “no aceptará la implementación de mecanismos de control laboral que impliquen la utilización obligatoria de dispositivos personales de los trabajadores ni sistemas que vulneren el derecho a la intimidad o a la protección de los datos personales”.
En esa línea, informó que solicitaron al Departamento Ejecutivo que “se abstenga de avanzar con la aplicación de este sistema” y que, en caso de buscar modernizar los controles de asistencia, “se convoque a las organizaciones sindicales a fin de analizar alternativas que respeten plenamente los derechos laborales, la privacidad de los trabajadores y las garantías establecidas por la normativa vigente”.
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