Fuerte operativo policial en la manifestación de Prestadores Unidos: "Se buscó generar miedo"
La concentración comenzó a las 11 en las puertas del Municipio y contó con la presencia del diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño.
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Este miércoles por la mañana, la agrupación Prestadores Unidos, junto a personas con discapacidad, familias, instituciones y trabajadores del transporte, se movilizaron frente al Palacio Municipal de General Pueyrredon para rechazar el decreto 681/2025, que frenó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Durante la manifestación, referentes de Prestadores Unidos denunciaron la presencia de un fuerte operativo policial en el edificio comunal, algo que, según remarcaron, no se había registrado en movilizaciones anteriores por discapacidad.
“Nos encontramos con un fuerte dispositivo policial de la Provincia tanto afuera como adentro del Palacio Municipal. Nos dijeron que habían sido convocados por el Ejecutivo municipal para evitar desmanes o ingresos al edificio. Pero lo consideramos una acción intimidatoria, porque en ninguna de las marchas desde 2022 hubo incidentes”, señaló Jesica Machado, integrante de la agrupación.
Machado remarcó que incluso en ocasiones previas, cuando ingresaron al Municipio, lo hicieron “de forma pacífica y por cuestiones climáticas, ya que muchas personas con discapacidad, en sillas de ruedas o con baja visión, no podían permanecer bajo la lluvia”. Y agregó: “Creemos que se buscó generar miedo para desalentar futuras manifestaciones”.
La referente confirmó que, pese al operativo, continuarán con las marchas: “No hemos infringido ninguna norma. Vamos a seguir manifestándonos pacíficamente en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es ridículo que se destine semejante cantidad de policías a una protesta pacífica cuando la ciudad atraviesa una crisis de seguridad”.
Desde las instituciones anticiparon que presentarán un repudio formal a lo sucedido, junto al Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDIS), y solicitaron a los concejales que se pronuncien sobre lo que consideran una medida de disciplinamiento y un intento de limitar el derecho a la protesta.
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