Fate no puede garantizar la seguridad de material radiactivo en su planta
La empresa de neumáticos advirtió al Gobierno nacional que no puede garantizar la seguridad del material radiactivo presente en su planta industrial, debido a que el establecimiento permanece ocupado en medio del conflicto laboral que atraviesa la compañía.
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El planteo fue realizado por el presidente de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, a través de una carta enviada a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), organismo encargado de supervisar el uso de materiales radiactivos en el país.
En el escrito, la compañía explicó que dentro de las instalaciones existe un acelerador lineal de electrones de 500 KeV y 100 mA utilizado con fines industriales, cuyo funcionamiento requiere estrictas condiciones de seguridad radiológica y control especializado.
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Según señaló Madanes Quintanilla, la empresa es legalmente responsable de garantizar la seguridad radiológica, el manejo de materiales radiactivos y el uso de radiaciones ionizantes autorizadas. Sin embargo, advirtió que actualmente no puede cumplir con esas obligaciones porque no tiene control del predio industrial, que se encuentra ocupado.
En ese contexto, la empresa comunicó a la ARN que no puede asegurar las condiciones de seguridad ni la diligencia exigida por la normativa vigente respecto al equipo radiactivo que se encuentra dentro de la planta.
La advertencia se produjo después de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocara una orden judicial que buscaba desalojar a los trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, quienes mantienen ocupada la fábrica desde el 19 de febrero en rechazo al cierre de la planta.
El tribunal sostuvo que la ocupación está vinculada a un conflicto laboral y que se trata de una expresión del derecho de huelga reconocido en la Constitución.
El cierre de la planta derivó en la desvinculación de unos 920 trabajadores, aunque una parte de ellos todavía no aceptó los acuerdos de salida propuestos por la empresa.
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano inició un sumario contra la empresa por presunto incumplimiento en el pago de salarios durante el período de conciliación obligatoria, una instancia que busca evitar que el conflicto continúe escalando.
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