Fallo judicial frenó Plaza Rumencó mientras el Municipio eliminó la feria de La Rambla: dos caras de una misma gestión
En una jornada que dejó al descubierto fuertes contradicciones en la política local, la Justicia ordenó frenar el desarrollo comercial de Plaza Rumencó por riesgo ambiental e irregularidades en el proceso de aprobación de la obra, mientras que, casi en simultáneo, el Municipio avanzó con el desalojo del paseo de compras informal en La Rambla. Dos decisiones en un mismo día que evidencian una doble vara en el control del espacio público y la actividad económica en la ciudad.
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La resolución judicial sobre Plaza Rumencó no solo detuvo una obra millonaria, también expuso una cadena de irregularidades que, según denuncian vecinos desde hace meses, contaron con la pasividad de ciertas secretarias municipales.
El emprendimiento en la zona sur de Mar del Plata había comenzado a ejecutarse sin contar con la aprobación del Concejo Deliberante ni con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental. Aun así, las máquinas avanzaron, el suelo se removió y hasta se comercializaron unidades.
El esquema fue claro. Primero la obra, después el negocio y, en todo caso, más adelante los permisos. Un modelo que la Justicia decidió frenar aplicando el principio precautorio ante el riesgo de daño ambiental.
La decisión judicial vuelve a poner bajo la lupa a dirigentes del radicalismo local con responsabilidades directas en el expediente.
Por un lado, aparece el nombre de Jorge “Guasa” González, secretario de Obras, quién es señalado por los vecinos como uno de los responsables de haber permitido el avance del emprendimiento sin los controles correspondientes. A él se suma, Ariel Martínez Bordaisco, quien integra la comisión de Obras y Legislación, donde se mantiene frenado el tratamiento formal del proyecto, mientras en los hechos el desarrollo ya había comenzado a ejecutarse.
La combinación resulta explosiva: expedientes que no se tratan y obras que avanzan igual.
El contraste se volvió aún más evidente cuando, el mismo día, el Municipio desplegó un operativo para desalojar a vendedores del paseo de compras informal en la Rambla, una intervención celebrada, por un lado por sectores comerciales que ven en la venta ilegal un problema creciente, y por otro por ciertos sectores vinculados al ex intendente y a Alejandro “Ruso” Rabinovich que se manifestaron respecto a la noticia en redes sociales “celebrando” la medida y justificándola como una medida en favor de Mar del Plata.
Sin embargo, la simultaneidad de ambos hechos abrió un interrogante: ¿por qué el Estado actúa con firmeza frente a ciertos casos, pero permite (o no controla) el avance irregular de grandes desarrollos privados?
La imagen es difícil de justificar políticamente. Mientras se aplica tolerancia cero en el espacio público más visible de la ciudad, se acumulan antecedentes de obras que avanzan sin cumplir requisitos básicos.
El caso Rumencó no aparece como un hecho aislado. En distintos puntos del sur marplatense se repiten proyectos que se inician sin estudios ambientales completos, falta de información pública y conflictos con vecinos que terminan judicializándose.
Para el radicalismo local, el impacto es directo. Ya no alcanza con explicaciones técnicas ni administrativas. La discusión es política: quién controló, quién permitió y quién miró para otro lado.
En un mismo día, la ciudad vio dos caras del poder local: firme con los más débiles, flexible con los más poderosos.
La Justicia, una vez más, terminó ocupando el lugar que la política dejó vacante.
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