Fallo contra la Patrulla Municipal: "No se trata de hechos aislados, sino de una política sistemática"
Rodrigo Pomares, de la Comisión por la Memoria, denunció que el municipio ejerce violencia sistemática contra personas en situación de calle.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) brindó una conferencia de prensa en la que analizó el reciente fallo del Juzgado de Garantías N.º 4 de Mar del Plata, a cargo del juez Juan Tapia, que ordena al municipio cesar prácticas de hostigamiento y violencia contra personas en situación de calle.
Durante la presentación, la CPM sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de una política sistemática del Estado local hacia los sectores más vulnerables.
Rodrigo Pomares, integrante de la CPM, fue el encargado de exponer los detalles del caso y de remarcar la gravedad de las situaciones denunciadas. Según explicó, el fallo judicial da lugar a un habeas corpus colectivo impulsado por la Comisión y acompañado por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de Mar del Plata, que recogieron numerosos testimonios sobre el accionar de la patrulla municipal.
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“Estamos frente a una metodología del municipio que no garantiza derechos, sino que ejerce violencia. Las personas en situación de calle no solo son abandonadas por el Estado, sino también perseguidas, golpeadas, humilladas, y despojadas de sus pocas pertenencias”, afirmó Pomares. El dirigente denunció también la existencia de operativos realizados por agentes encapuchados, con vehículos sin identificación, durante la noche, que actuaban de forma clandestina contra personas que dormían en la vía pública.
La Comisión alertó que esta política de violencia tuvo consecuencias fatales. En los últimos días, una persona en situación de calle falleció durante una ola de frío extremo. Para la CPM, ese hecho debe leerse como un resultado directo de la falta de protección estatal y del hostigamiento sistemático que se viene denunciando desde principios de año.
En el centro de la crítica estuvo el intendente de General Pueyrredon, a quien la Comisión acusa de haber legitimado públicamente el accionar ilegal de la patrulla municipal. “Lejos de denunciar estos hechos, el intendente los convalidó y realizó declaraciones extremadamente violentas y discriminatorias. Habló de ‘fisuras’, de ‘delincuentes’. Eso es apología del odio y una falta grave a sus deberes como funcionario público”, señaló Pomares.
Ante esta situación, la CPM, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), presentó una denuncia penal contra el jefe comunal y funcionarios del área de Seguridad. La acusación incluye los delitos de apología del delito, apología del odio y discriminación, e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La Comisión destacó que el fallo del juez Tapia reconoce expresamente que las prácticas denunciadas existieron y resultan ilegales. En su resolución, el magistrado ordenó al municipio cesar todo accionar que implique restricciones a la libertad, violencia física o psicológica, y sustracción de pertenencias a personas en situación de calle.
“La situación cambió: ahora hay una orden judicial. Cualquier nuevo hecho de violencia no será solo una decisión política o administrativa, sino un incumplimiento de una resolución judicial”, advirtió Pomares. La CPM sostuvo que seguirá monitoreando la situación y acompañando a las personas afectadas.
Desde la Comisión también hicieron un llamado a la sociedad marplatense para exigir políticas públicas que respeten los derechos humanos y repudien la criminalización de la pobreza. “La persecución y el desprecio por quienes viven en la calle no pueden ser parte de ninguna política estatal. Este fallo es una oportunidad para frenar esa lógica y construir una respuesta basada en la dignidad y el respeto”, concluyó la conferencia.
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