Emergencia salarial en el INAREPS: 24 residentes no cobran sus haberes desde septiembre
Señalaron que atraviesan “una situación insostenible” y aún no cuentan con fecha de cobro. “Pone en riesgo la continuidad de un sistema de formación esencial para la salud pública”, agregaron.
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Los residentes del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), atraviesan una situación crítica por la falta de pago de salarios, la precarización de sus condiciones laborales y la pérdida del poder adquisitivo. El conflicto impacta directamente en su formación profesional y en la atención que brindan a los pacientes. “Mientras acompañamos, rehabilitamos, contenemos y trabajamos todos los días por la salud y la dignidad de nuestros pacientes, los residentes de INAREPS estamos atravesando una situación insostenible”, expresaron.
En INAREPS, 24 residentes no perciben haberes desde septiembre y aún no cuentan con fecha de cobro. Se recuerda que la institución desarrolla programas terapéuticos especializados en rehabilitación psicofísica y neurológica, configurándose como único centro de referencia nacional público en su área.
El reclamo incluye el pago inmediato de los salarios adeudados, la adecuación de los contratos de residentes y jefes de residentes en su totalidad de acuerdo con la Resolución 1993/2015, y la actualización salarial correspondiente para todos los residentes nacionales en conformidad con lo establecido por la Ley 27.796/2025.
A mediados de julio, el Gobierno nacional modificó el régimen de residencias mediante la Resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud, transformando la relación laboral en una “beca”. En respuesta, el Congreso sancionó la Ley 27.796, que declaró la “Emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud”, derogó la resolución y exigió una actualización salarial que aún no se ha concretado.
Los residentes de salud son profesionales en formación y continua evaluación que prestan servicios esenciales en organismos públicos. “Es vulneración de derechos laborales; desgaste físico, emocional y económico; pone en riesgo la continuidad de un sistema de formación esencial para la salud pública”, señalaron los afectados, quienes llevan más de 90 días sin percibir su salario.
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