Emergencia en Discapacidad: "Han cerrado más de 700 centros categorizados y escuelas especiales"
Desde Prestadores Unidos piden que los Diputados y Senadores tengan coherencia con lo que votaron y mantengan las leyes.
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El Gobierno Nacional logró este martes que la comisión de Diputados firmara el dictamen de mayoría para el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, diversos sectores salieron a manifestarse en contra, ya que se plantea en uno de sus artículos la derogación del Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia en Discapacidad.
Al respecto, Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP, declaró en diálogo con El Marplatense que “estas leyes habían pasado por todas las instancias democráticas para su aprobación, inclusive la Ley de Emergencia en Discapacidad pasó dos veces por la cámara de Diputados y Senadores, ya que fue sancionada, vetada y finalmente revocado el veto”.
Es decir que “esta noticia nos sorprende ampliamente a todos los que somos parte del sector. El artículo 75 dice derogar la ley sin explicar cuáles son los factores que impiden generar un presupuesto para el 2026 que permita la aplicación inmediata de estas leyes. Actualmente se encuentran sancionadas, pero sin aplicación por un decreto que las frenó hasta que la comisión explicara de dónde se iban a extraer los fondos”, remarcó.
De modo que , desde Prestadores Unidos Mar del Plata, “decimos que esto es otra medida del gobierno para ajustar a un sector que ha sido vulnerado durante todo el año, que no solo está en emergencia, sino que se encuentra en urgencia. Actualmente han cerrado más de 700 centros categorizados, escuelas especiales, prestadores han migrado hacia otros sectores que le permitan sostener su economía. Esto afecta directamente la calidad de vida, y en ocasiones la vida, de la personas con discapacidad”, enfatizó.
“Es el gobierno quien debe articular los medios para que el presupuesto permita la aplicación de estas leyes. No se puede derogar simplemente considerando que no existen los fondos cuando se han destinado a otros proyectos que nada tienen que ver”, agregó.
Por consiguiente, “nosotros decimos claramente que las personas con discapacidad no se pueden considerar un número, un gasto para el Estado. Deben ser consideradas personas de derechos por las cuales se tienen que articular todos los medios para que tengan todo lo que se necesita para su real inclusión. Estamos hablando de rehabilitación, tratamientos, escolaridad, transporte, un gran sector que hoy se encuentra totalmente en emergencia”.
“Así que pedimos a los señores diputados y senadores, que votaron en contra del veto, que no cambien su voto, sigan sosteniendo su postura a favor de la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario porque detrás hay un gran sector que necesita coherencia", concluyó.
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