El SIMAPE alerta sobre la reforma laboral: “Nos mandan 60 años para atrás”
El gremio analiza presentar un planteo de inconstitucionalidad y no descarta medidas de fuerza.
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El secretario general del SIMAPE, Pablo Trueba, cuestionó con dureza la reforma laboral en debate y advirtió que el personal embarcado, marineros, oficiales y capitanes, quedaría excluido de la Ley de Contrato de Trabajo y bajo un régimen que calificó como “obsoleto”.
“Con esta reforma el sector embarcado de la República Argentina queda afuera de la ley que nos sobreprotegía en derechos laborales. Nos envían a una norma de 1973, la Ley de Navegación, que a su vez remite a una legislación de 1967, cuando la actividad pesquera era incipiente. Hablan de modernización laboral cuando en realidad nos mandan 60 años para atrás”, sostuvo el titular en diálogo con El Marplatense.
Trueba explicó que el cambio implicaría retroceder en conquistas laborales básicas. “Perdemos derechos a una indemnización en caso de despido, al aguinaldo y a la estabilidad laboral. En aquella época se trabajaba con contrato por marea o por viaje. Nunca se llegaba a estar efectivo”, señaló.
También alertó sobre la cobertura ante accidentes o enfermedades: “Si te accidentabas o te enfermabas, más de 30 días no te cubría. Después cesaba el contrato. Muchos beneficios y mucha seguridad social que hoy tenemos quedarían destruidos”.
El dirigente aseguró que el sector se encuentra “en estado de alerta” y a la espera de la votación en el Congreso. “Primero hay que esperar que la ley sea aprobada y promulgada. Después iremos a la Justicia para plantear su inconstitucionalidad”, adelantó.
Trueba fundamentó el eventual reclamo en que la actividad pesquera está alcanzada por el Convenio 188 de la OIT, de rango internacional. “En nuestro país primero están las normas internacionales, después la Constitución y luego las leyes. Esta reforma viola normas vigentes y por eso es inconstitucional”, afirmó.
En cuanto al argumento oficial de que la medida generará más empleo, el titular del gremio fue tajante: “Es una mentira. La actividad pesquera tiene permisos limitados y cada barco cuenta con una dotación determinada. No pueden entrar más trabajadores porque no puede haber más barcos en el caladero”.
Por el contrario, advirtió que algunos armadores podrían intentar reducir las tripulaciones. “La Ley de Navegación deja la dotación en manos del dueño del barco. Eso puede traer problemas graves”, sostuvo.
Finalmente, no descartó medidas de fuerza. “Vamos a hacer los planteos judiciales cuando esto quede firme y no descartamos una acción directa si empieza a afectar a los trabajadores”, concluyó.
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