El Senado sesiona para aprobar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la modificación de la Ley de Glaciares
A poco de que finalice el periodo de sesiones extraordinarias, la Cámara alta se prepara para otra intensa jornada de debate.
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El Senado de la Nación Argentina se reúne este jueves desde las 11:00 en una de las últimas sesiones extraordinarias del período para enfrentar dos temas centrales de la agenda legislativa oficialista: la ratificación del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la modificación de la vigente Ley de Glaciares. Además, en el temario figura la aprobación del pliego del ex diputado Fernando Iglesias como embajador argentino ante Bélgica y la Unión Europea.
El Gobierno de Javier Milei apunta a cerrar con estas iniciativas una etapa clave de su gestión legislativa, antes de encarar el tratamiento de otros proyectos centrales como la reforma laboral y el régimen penal juvenil, previstos para el viernes.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea propone la liberación progresiva de aranceles comerciales entre ambos bloques, con el objetivo de favorecer la inserción de los países sudamericanos en un mercado de más de 450 millones de consumidores. Para su entrada en vigor, todos los congresos nacionales de los países miembros del Mercosur deben ratificarlo, al igual que las instancias europeas. Argentina busca ser el primer país sudamericano en aprobarlo.
El tratado no admite modificaciones parciales, se vota en bloque, lo que simplifica el mecanismo pero obliga a una decisión integral de los legisladores. Oficialismo y principales bloques aliados confían en contar con la mayoría necesaria para sancionarlo.
Por otro lado, la modificación de la Ley de Glaciares se perfila como el punto más discutido de la sesión. El proyecto oficialista habilita a las provincias a determinar la autoridad de aplicación de la norma y a identificar qué glaciares o ambientes periglaciares deben ser protegidos en función de criterios técnicos, lo que implicaría flexibilizar parte de la protección vigente para permitir actividades productivas en ciertos sectores.
Sectores ambientales y organizaciones defensoras del patrimonio natural han expresado su rechazo al cambio, advirtiendo que podría debilitar la legislación vigente y aumentar riesgos para estos ecosistemas esenciales para los recursos hídricos.
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