El Senado rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y Milei deberá promulgar la norma
Con 63 votos a favor, 7 en contra y sin abstenciones, el Senado ratificó su apoyo a la ley. Se espera que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de avanzar con una medida judicial para cuestionar la normativa.
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El Senado de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con esta decisión, la norma deberá ser promulgada. La Cámara Alta, al igual que la Cámara de Diputados, se opuso a la decisión del Ejecutivo, marcando un nuevo capítulo en el debate legislativo.
Con 63 votos a favor, 7 en contra y sin abstenciones, el Senado ratificó su apoyo a la ley, que busca atender las necesidades urgentes del sector de la discapacidad. Este resultado refleja un amplio consenso entre los legisladores, quienes priorizaron la implementación de medidas para garantizar derechos y apoyos a este colectivo.
Este rechazo al veto presidencial constituye un revés para el Gobierno, que había intentado bloquear la iniciativa. Ahora se espera que el Ejecutivo, ante esta resolución, evalúe la posibilidad de avanzar con una medida judicial para cuestionar la normativa.
Mientras tanto, la sesión en el Senado continúa con el debate sobre la reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), un tema que también genera preocupación en el Gobierno.
La Ley de Emergencia en Discapacidad establece la actualización y cancelación de deudas con prestadores de salud, así como un nuevo mecanismo para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad. La norma, de aplicación en todo el territorio nacional, regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.
La ley declara la emergencia en materia de discapacidad y establece medidas clave para garantizar la sostenibilidad del sistema. Entre sus principales disposiciones, se destaca la actualización de las prestaciones para compensar la inflación acumulada desde 2023, conforme a los índices del INDEC. Además, se ordena saldar las deudas con los prestadores y ajustar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.
En relación con las pensiones no contributivas, estas serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio. Los beneficiarios podrán trabajar siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, promoviendo así su inclusión laboral. Para incentivar la contratación, los empleadores que incorporen trabajadores con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado recibirán una exención del 50% en las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones durante tres años.
La norma también contempla un impacto fiscal significativo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el aumento de las pensiones requerirá un refuerzo fiscal de entre 1.889.371 y 3.627.495 millones de pesos, dependiendo del número de nuevos beneficiarios, que podría oscilar “entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios”, según afirmó la OPC.
Para garantizar la transparencia, la Agencia Nacional de Discapacidad realizará una auditoría que evaluará de manera justa y transparente la situación de los beneficiarios, considerando criterios de salud y su contexto socioeconómico. Este proceso asegurará “notificaciones fehacientes y el debido proceso inclusivo”, garantizando la plena participación y el acceso claro a la información.
El Poder Ejecutivo Nacional financiará estas medidas con recursos del Tesoro Nacional, asegurando una compensación de emergencia para los prestadores. Esta ley, de orden público, busca fortalecer los derechos de las personas con discapacidad y garantizar un sistema más equitativo y sostenible.
Fuente: con información de TN y Noticias Argentinas
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