El Senado aprobó cambios en la Ley de Glaciares y el proyecto pasa a Diputados
En una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y cuestionamientos ambientales, el oficialismo logró aprobar modificaciones a la Ley de Glaciares de Argentina con 40 votos a favor y 31 en contra. La iniciativa pasa a la Cámara de Diputados, donde deberá ser debatida para su sanción definitiva.
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El Gobierno defendió la reforma al sostener que los cambios permitirán facilitar la llegada de inversiones mineras, agilizar trámites administrativos y otorgar mayor previsibilidad jurídica a los proyectos productivos en zonas de cordillera. Desde el oficialismo argumentaron que la actualización normativa no elimina la protección de los glaciares, sino que redefine criterios técnicos y competencias para “armonizar desarrollo y cuidado ambiental”.
Durante el debate, los senadores que respaldaron el proyecto señalaron que la legislación vigente (sancionada en 2010) requiere adecuaciones frente a nuevas realidades económicas y tecnológicas. En esa línea, remarcaron que la minería es un sector estratégico para la generación de divisas, empleo e infraestructura en distintas provincias andinas.
Por otro lado, los bloques opositores votaron en contra y cuestionaron el alcance de las modificaciones. Los legisladores críticos advirtieron que los cambios podrían debilitar la protección de áreas periglaciares y afectar reservas estratégicas de agua dulce. También reclamaron mayor debate técnico y participación de especialistas antes de avanzar con una reforma de tal magnitud.
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Organizaciones ambientalistas siguieron de cerca la sesión y manifestaron su preocupación por el impacto que podrían tener los cambios en ecosistemas de alta montaña. Para estos sectores, la norma original constituye una herramienta clave para resguardar recursos hídricos esenciales en un contexto de crisis climática.
Con la media sanción del Senado, el proyecto será tratado ahora por la Cámara de Diputados, donde se anticipa un debate intenso. Allí podrían introducirse cambios adicionales o ratificarse el texto aprobado por la Cámara alta.
El resultado final definirá si la reforma se convierte en ley y marca un nuevo rumbo en la política minera y ambiental del país, en un escenario donde el Gobierno apuesta a dinamizar inversiones mientras enfrenta cuestionamientos sobre los límites del desarrollo en zonas protegidas.
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