El PRO judicializa la AGN y denuncia la inconstitucionalidad de los auditores
El bloque liderado por Cristian Ritondo presentó un amparo contra las designaciones en el organismo de control, alegando vicios graves en el proceso legislativo.
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En un contexto de máxima tensión política entre el PRO y La Libertad Avanza, el partido fundado por Mauricio Macri decidió llevar a la Justicia el conflicto por el control de la Auditoría General de la Nación (AGN). La medida responde a una serie de desacuerdos parlamentarios que han desgastado la alianza legislativa, marcando una distancia estratégica frente a las últimas decisiones del oficialismo en el Congreso.
El jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, impulsó una acción de amparo solicitando la nulidad absoluta de la resolución que designó a los nuevos auditores. El escrito advierte que el nombramiento de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Pamela Calletti viola directamente la Constitución Nacional, argumentando que se deben defender la transparencia y el equilibrio republicano frente a procedimientos irregulares.
La denuncia central radica en que la votación ocurrió durante sesiones extraordinarias sin que el tema estuviera incluido en el temario habilitado por el Poder Ejecutivo. Según el artículo 63 de la Carta Magna, el Congreso carece de facultades para incorporar iniciativas propias en este periodo, lo que invalidaría legalmente cualquier decisión tomada fuera del decreto de convocatoria presidencial.
Además del vicio constitucional, el PRO cuestionó las formas del procedimiento, señalando que la sesión se realizó de madrugada, sin dictamen previo ni debate parlamentario suficiente. Para Ritondo, esta falta de publicidad y transparencia afecta los derechos políticos de los legisladores y debilita el sistema de control estatal, al tratar a la AGN como un órgano administrativo y no como un pilar constitucional.
La presentación judicial exige una medida cautelar urgente que impida la asunción o el ejercicio de funciones de los tres auditores designados hasta que se dicte una sentencia definitiva. El objetivo es restituir el estado institucional previo a la sesión del pasado jueves, asegurando que la elección de quienes controlan los recursos públicos se ajuste estrictamente a las reglas reglamentarias esenciales.
Finalmente, desde el PRO aclararon que esta acción no representa una disputa por nombres propios o cargos, sino una defensa técnica de las instituciones. Este movimiento judicial se suma a otros focos de conflicto en la agenda nacional, como las negociaciones por el Presupuesto 2026 y la reciente internación de Cristina Kirchner, en un cierre de año marcado por la fragilidad de los acuerdos políticos.
Fuente: TN
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