El PRO evitó respaldar el decreto de Inteligencia y exigió conocer los protocolos de aplicación
Desde la bancada que dirige Cristian Ritondo señalaron que es “imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos”.
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El PRO realizó su primera evaluación del decreto del Gobierno nacional que modifica la Ley de Inteligencia y evitó brindar un respaldo concreto, al considerar “imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de empeñamiento y alcances operativos” antes de fijar una posición definitiva.
El bloque informó que conformó un equipo especializado para analizar el Decreto 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo cambios en la Ley de Inteligencia Nacional N°25.520. En un comunicado, señaló que la temática “es central para la seguridad y la defensa del país”, por lo que su postura inicial es actuar con “responsabilidad institucional”, manteniendo prudencia hasta que se publiquen los protocolos de aplicación y la normativa complementaria.
La bancada que preside Cristian Ritondo recordó que la modificación de la ley de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia no es un mecanismo inédito y ha sido utilizado por gobiernos de distintos signos políticos. Si bien consideró que los cambios “podrían resultar positivos”, insistió en la necesidad de conocer los alcances operativos, especialmente en materia de contrainteligencia y en las facultades vinculadas a la aprehensión de personas, subrayando que esta última es “restrictiva y excepcional”.
El PRO destacó como un aspecto favorable la integración y unificación de bases de datos estatales, al considerar que se trata de una modernización largamente postergada. En ese sentido, remarcó que el tratamiento de la información está regulado por las leyes vigentes de protección de datos personales, que establecen límites estrictos sobre su uso.
Asimismo, el bloque sostuvo que no advierte riesgos legales en la integración de información siempre que se respete el marco normativo. Recordó que la Ley 25.520 fue sancionada en 2001 y que, tras 25 años, el país enfrenta amenazas y desafíos muy distintos, lo que vuelve necesaria una reforma estructural del sistema de inteligencia.
Finalmente, el PRO reafirmó su compromiso con “una inteligencia moderna, profesional, sometida a la ley y con controles democráticos sólidos”. Indicó que continuará analizando la normativa complementaria que el Poder Ejecutivo publique en los próximos días y que, una vez que cuente con esa información, fijará su postura definitiva.
Fuente: con información de Noticias Argentinas
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