El oficialismo formalizó la convocatoria de sesión en Diputados para debatir la reforma penal juvenil
El Gobierno busca avanzar con uno de los debates más sensibles del Congreso, en medio de negociaciones y fuertes cruces políticos. El temario incluye cambios en la responsabilidad de adolescentes y otros proyectos clave de la agenda parlamentaria.
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La convocatoria fue oficializada por el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, y prevé el tratamiento de una iniciativa que propone cambios en el marco legal que regula la responsabilidad penal de los adolescentes. El punto de mayor controversia es la baja de la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años.
Según la propuesta impulsada por el oficialismo, se busca establecer mecanismos legales para que menores puedan ser responsabilizados penalmente a partir de los 14 años en determinados casos, una discusión que ya generó cruces entre bloques y resistencias tanto dentro como fuera del Congreso.
El temario de la sesión también incluye otros proyectos, como la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, lo que amplía el alcance político de una jornada que se anticipa extensa y atravesada por negociaciones.
El lunes, el Gobierno volvió a enviar al Congreso un proyecto de ley penal juvenil con una partida presupuestaria específica para su implementación, pero horas después decidió retirarlo. La insistencia en reducir la edad de imputabilidad a 13 años amenazaba con poner en riesgo el respaldo de socios parlamentarios clave.
Ese texto contemplaba un costo total de $23.739 millones, con un detalle de los fondos destinados al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación, un aspecto que había estado ausente en versiones anteriores. En Diputados conviven actualmente 13 iniciativas vinculadas al tema. El dictamen que sirve de base para el nuevo debate fija un tope de 15 años para las penas privativas de la libertad, además establece criterios más restrictivos para la prisión efectiva y refuerza garantías y estándares para la detención de menores.
Frente a este panorama, con posiciones encontradas y un escenario abierto, la sesión del jueves aparece como una instancia clave para definir el rumbo de una de las reformas más sensibles del año legislativo.
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