El oficialismo busca avanzar con el dictamen de la Ley Hojarasca en Diputados
El Gobierno nacional intentará este martes firmar el dictamen de comisión del proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, una iniciativa clave dentro de la agenda legislativa del oficialismo para avanzar en la desregulación del sistema normativo argentino.
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Según fuentes parlamentarias, la estrategia del Ejecutivo apunta a acelerar el tratamiento del proyecto. La iniciativa, que será tratada hoy en comisión de Diputados, forma parte de un paquete de medidas con el que la Casa Rosada busca recuperar impulso político en el Congreso tras semanas de relativa parálisis.
El proyecto, impulsado por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, propone eliminar alrededor de 70 leyes consideradas obsoletas o innecesarias. El objetivo central es simplificar el sistema legal y reducir lo que el Gobierno define como “sobrerregulación”.
Entre los fundamentos de la iniciativa, se destaca que la acumulación de normas a lo largo del tiempo generó un marco jurídico complejo, con disposiciones muchas veces contradictorias o sin aplicación práctica. En ese sentido, el oficialismo sostiene que la depuración normativa permitiría mejorar la seguridad jurídica y reducir costos administrativos tanto para el Estado como para los ciudadanos.
El proyecto incluye la eliminación de regulaciones consideradas anacrónicas, trámites burocráticos sin utilidad y leyes que fueron superadas por otras normativas más modernas, además de disposiciones vinculadas a organismos que ya no existen o que dejaron de funcionar.
La intención del oficialismo es obtener este martes el dictamen en comisión, paso previo indispensable para habilitar su debate en el recinto.
En paralelo, el Gobierno impulsa otras iniciativas, como la aprobación de un tratado internacional en materia de patentes y reformas vinculadas a la propiedad privada, en una estrategia que busca mostrar dinamismo legislativo y consolidar mayorías.
La Ley Hojarasca se inscribe en una política más amplia de desregulación y simplificación del Estado. Para el oficialismo, avanzar con su aprobación no solo tiene impacto técnico en el ordenamiento jurídico, sino también un fuerte componente político, el de reafirmar el rumbo de reformas estructurales y sostener la iniciativa en el Congreso.
Con este proyecto, el Ejecutivo intenta capitalizar sus recientes avances legislativos y encarar una nueva etapa de discusión legislativa, en un contexto atravesado por tensiones políticas y la necesidad de consolidar apoyos.
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