El oficialismo acelera el debate por la Ley de Glaciares y busca un dictamen exprés en Diputados
El Gobierno nacional avanza en la Cámara de Diputados con una estrategia para obtener un dictamen exprés del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, con el objetivo de llevar la iniciativa al recinto en cuestión de días y lograr su sanción definitiva.
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La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, forma parte de un paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional y cuenta con el respaldo de gobernadores de provincias con fuerte desarrollo minero.
Para concretar ese objetivo, el oficialismo convocó a un plenario de comisiones para este miércoles con la intención de firmar rápidamente el dictamen y habilitar su tratamiento en el recinto en una sesión prevista para esta misma semana.
La hoja de ruta contempla primero una instancia informativa con especialistas e invitados (entre ellos representantes provinciales) y luego avanzar directamente hacia la firma del despacho que permita llevar el proyecto al debate parlamentario.
Desde el bloque oficialista aseguran contar con los votos necesarios para abrir la sesión y aprobar la reforma, apoyados en alianzas con bloques provinciales y espacios dialoguistas.
El proyecto propone modificaciones sustanciales a la normativa vigente, sancionada en 2010, que establece la protección de glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua.
Entre los principales cambios, se plantea redefinir el alcance de las zonas protegidas, limitando la protección a aquellas áreas que demuestren una función hídrica relevante. Esto abriría la posibilidad de habilitar actividades económicas (incluida la minería) en sectores que actualmente están restringidos.
Además, la iniciativa otorga mayor poder a las provincias para decidir qué territorios conservar y cuáles destinar a la explotación productiva, reduciendo la intervención del Estado nacional.
El impulso del proyecto responde, en gran medida, a la presión de gobernadores de provincias mineras que buscan atraer inversiones a través de un marco regulatorio más flexible.
Sin embargo, la propuesta genera fuertes cuestionamientos por parte de bloques opositores y organizaciones ambientalistas, que advierten sobre un posible retroceso en la protección de recursos hídricos clave y en los estándares ambientales vigentes.
En este escenario, el oficialismo busca avanzar a contrarreloj para convertir en ley una reforma que considera estratégica para el desarrollo económico, mientras que la oposición intenta frenar o modificar el proyecto en defensa de los actuales niveles de protección ambiental.
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