El Minella y la concesión de Montenegro: la licitación que navega en el silencio oficial
La concesión del estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas, el ambicioso proyecto presentado por el entonces intendente Guillermo Montenegro vuelve al centro de la escena y empieza a mostrar más interrogantes que certezas.
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Obras que no arrancaron, un contrato que todavía no fue enviado al Concejo Deliberante y la empresa que se quedó con la licitación atravesando una crisis política y financiera que ya genera preocupación en distintos sectores de la ciudad.
Lo que en 2025 se anunció por el gobierno municipal como una “transformación histórica” para el Parque de los Deportes hoy aparece envuelto en un combo de demora, opacidad y sospechas. El predio sigue prácticamente igual que antes de la privatización: abandonado, con tribunas deterioradas, sectores clausurados y apenas algunos cercos visibles como única señal de movimiento.
El principal problema no es solamente la falta de avances. El foco está puesto sobre la firma Minella Stadium SA y, especialmente, sobre REAG Investimentos, el grupo brasileño vinculado a la operación financiera del proyecto. En Brasil, la compañía quedó salpicada por investigaciones judiciales relacionadas con presuntas maniobras de fraude financiero, corrupción y lavado de dinero en el marco de causas conocidas como “Carbono Oculto” y “Caso Master”.
Mientras crecen las dudas sobre la solidez económica del grupo empresario, en Mar del Plata el municipio eligió el hermetismo. Ni el Ejecutivo dio explicaciones públicas ni presentó documentación clave sobre una concesión por 30 años, prorrogable por otros diez, que involucra uno de los principales activos deportivos y urbanos de la ciudad.
La oposición comenzó a exigir respuestas. Desde distintos bloques reclaman conocer el contenido del contrato definitivo, el plan ejecutivo de obras y las garantías financieras reales del grupo adjudicatario. El dato político que más ruido genera es que la licitación tuvo un solo oferente, situación que varios concejales calificaron como “rara” desde el inicio del proceso.
El silencio del gobierno municipal contrasta con la magnitud de las promesas que Guillermo Montenegro utilizó para defender la privatización del estadio. El proyecto contempla inversiones millonarias, modernización integral y la llegada de espectáculos internacionales. Sin embargo, seis meses después, no existe un cronograma público de obras ni señales concretas de ejecución.
En el ámbito político local ya hay quienes empiezan a hablar de un nuevo caso testigo de anuncios grandilocuentes sin sustento real. La situación recuerda otros procesos de concesión impulsados por el municipio que terminaron demorados, judicializados o directamente paralizados. Y en este caso, además, aparece un componente sensible: la elección de una empresa cuyo grupo controlador quedó bajo sospecha internacional.
La preocupación también crece entre vecinos y dirigentes deportivos, que advierten que el Minella corre el riesgo de quedar atrapado en una larga disputa administrativa mientras continúa el deterioro estructural. El estadio mundialista, símbolo histórico de la ciudad, hoy parece más cerca del abandono definitivo que de la “revolución” anunciada por Montenegro.
En ese contexto, el principal interrogante ya no es cuándo comenzarán las obras, sino por qué el municipio sigue evitando explicar qué controles realizó antes de entregar el predio y cuáles son las garantías concretas de que el proyecto no terminará en otro fracaso de gestión.
Detrás del blindaje político que rodea a la concesión aparecen nombres clave del círculo íntimo de Montenegro: su mano derecha Alejandro “Ruso” Rabinovich y su socio político Christian Lence, dos aliados estratégicos del intendente que distintos sectores de la política local señalan, no solo como parte del entramado de poder que sostuvo una licitación cuestionada desde el comienzo, sino como personajes que desde las sombras manejan los hilos de poder en General Pueyrredon.
Para la oposición, el proceso estuvo marcado por un esquema de complicidades políticas y empresariales que permitió avanzar con una adjudicación plagada de fisuras, sin controles transparentes ni debate público real. La falta de explicaciones oficiales, el único oferente y el hermetismo alrededor del contrato alimentan las sospechas de que la operación fue diseñada más para favorecer intereses vinculados al oficialismo que para garantizar una recuperación seria y sustentable del Minella.
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